La noticia de la captura de dos ex agentes de la extinta Policí­a Nacional (PN) por su presunta participación en la desaparición forzada del lí­der universitario y sindical, Fernando Garcí­a, ocupó un buen espacio en varios medios de comunicación escrita. No es para menos: por primera vez en la historia del paí­s se realizan capturas por los delitos cometidos durante el conflicto armado interno.

El hecho debe considerarse como un pequeño paso, pero muy importante, para terminar con la impunidad que protege a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

No hay que olvidar que en aquella época tanto la Policí­a Nacional como el Ejército actuaban de acuerdo a las directrices de la Doctrina de Seguridad Nacional, una polí­tica contrainsurgente y anticomunista que concebí­a a la población interna como el principal enemigo del Estado; el orden y la jerarquización por supuesto que eran respetados. Así­, los agentes de la PN cumplí­an órdenes de los altos mandos, ocupados por personas que son tanto más responsables de los delitos de lesa humanidad.

El avance en el caso de Fernando Garcí­a es una prueba de la importancia que tienen los documentos históricos de las instituciones de seguridad que funcionaron durante el conflicto armado interno. Por ello, es de vital importancia que el Ministerio Público no desista en exigir al Ejército a que entregue los planes contrainsurgentes implementados durante los primeros años de la década de los 80. No aceptamos el argumento de la desaparición de los planes Sofí­a y Operación Ixil aplicados por la institución armada en 1982, durante el gobierno de Efraí­n Rí­os Montt.

Al igual que por Fernando Garcí­a, también exigimos justicia por las demás ví­ctimas del conflicto armado interno, porque pese al esfuerzo que realizaron los represores durante tantos años a través de sus voceros e ideólogos para imponernos el silencio, sólo aceptamos el camino de la verdad y de la justicia para llegar a la paz.

«Â¿Es sana una sociedad en donde da lo mismo haber sido torturador o no?», preguntó el abogado chileno Roberto Garretón en una actividad realizada por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH). Acá, en Guatemala, quizá para el Sistema de Justicia ya no da lo mismo. Estamos en un momento en donde el discurso del presidente ílvaro Colom, al reconocer que en nuestro paí­s hubo genocidio, puede convertirse en un proceso de reparación para las ví­ctimas y sus familiares. Depende de la entrega de los archivos militares, de la responsabilidad de fiscales y jueces, y de la disposición de la ciudadaní­a por exigir la verdad y la justicia por los hechos del pasado que aún marcan nuestro presente.