Por los pasillos de la CSJ se escuchan voces: estas indican que detrás de los 26 infructuosos intentos de elección de presidente de ese organismo existen temas que van más allá de la pugna por dos o tres votos para los candidatos a la presidencia por los dos grupos en los que está dividida la Corte.

Se habla de desde el interés particular que cada magistrado tiene sobre inversión en obras judiciales en la región que tienen asignada, hasta la pugna entre uno y otro grupo por trasladar, de los bancos privados del sistema, hacia el Banco de Guatemala (Banguat), una multimillonaria suma de dinero.

Esa suma supera los Q 500 millones, sobre los cuales existe una pugna mayor entre los grupos de magistrados: unos que defienden que sean trasladados hacia el Banguat y otros que prefieren que se quede en los bancos privados.

En diciembre del año pasado, salió a luz que en los últimos tres años, el Organismo Judicial (OJ) ha acumulado más de Q500 millones en sus fondos privativos sin que exista un control o fiscalización respecto a cómo y en qué se gasta o invierte ese dinero.

Consultados algunos magistrados sobre ese tema se abstuvieron de emitir opinión argumentando que, según la Ley del Organismo Judicial, es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el encargado de la administración en general.

DIVISIONISMO

Tras un largo historial de infructuosos intentos por elegir al presidente de la CSJ, que debió asumir el cargo en octubre del año pasado, la división entre los magistrados se hací­a más evidente.

Actualmente existen dos grupos de magistrados, uno conformado por los ex presidentes de la CSJ, y el otro por los que no han alcanzado la primera magistratura. Ese hecho ha sido blanco de crí­ticas y objeciones por parte del sector civil y de la comunidad de juristas, quienes en más de un caso han sentenciado que existen intereses personales y polí­ticos en ese tema.

El grupo de los ex presidentes lo integran: Rubén Eliú Higueros, presidente en funciones del OJ; Carlos Gilberto Chacón, Beatriz De León, Leticia Secaira Pinto, Francisco de Matta Vela y í“scar Humberto Vásquez. Vladimir Aguilar, quien sustituyó a Rodolfo de León Molina, retirado de su cargo por cumplir la mayorí­a de edad, se unió a este grupo aunque al principio afirmó que no tener inclinación con ninguno.

El grupo de los que no han presidido la CSJ en cuatro años está conformado por los magistrados: Luis Fernández Molina, Raúl Pacay, Augusto Eleázar López, Jorge Cabrera, Ví­ctor Rivera Woltke y Carlos De León Córdova.

LA DISYUNTIVA

Eliú Higí¼eros, presidente en funciones del OJ, fue consultado sobre ese tema y negó que exista discusión alguna sobre ese planteamiento, sin embargo, entre las lí­neas de sus palabras se puede leer de su postura, ya que considera que si los movimientos financieros se hacen en el Banguat tendrí­an «intereses menores», mientras que en los bancos del sistema darí­an «mejores intereses».

«En cuanto al tema que existe o no alguna pugna, eso no es cierto; desde ningún punto de vista lo hemos tenido como pugna», indicó Higueros. Sin embargo reconoció que «no se ha tratado el tema desde el año pasado», y agregó: «no ha habido un hala y estira en ese tema y menos entre uno y otro grupo».

El presidente en funciones del OJ reiteró más de una vez que esa suma, que forma parte de los fondos privativos de ese organismo del Estado, no está en discusión entre grupos de magistrados, y aseguró que el dinero «está en movimiento».

«No podemos tener grandes cantidades de dinero depositadas en el Banco de Guatemala para depositarlas cada 15 o 20 dí­as para hacer la nómina de pago a los trabajadores. También hay que pagar arrendamientos y un sinfí­n de pagos», explicó el magistrado.

Sin embargo, el magistrado explicó que los fondos del OJ, referentes a «depósitos de terceros en custodia de la CSJ (fianzas, pensiones alimenticias, entre otros), también tienen que estar en los bancos del sistema porque a la hora que lo reclama el acreedor hay que entregarlo, entonces ese dinero no puede estar en el Banguat», enfatizó.

Higueros dijo finalmente que «nunca se ha manifestado», en el pleno, que sea uno u otro grupo de magistrados quienes tengan la intención de mover esos fondos.

Sin embargo, las palabras de Luis Fernández Molina, magistrado de la CSJ, indican manifiestamente lo contrario.

«Hay que tomar en consideración varios aspectos, por supuesto el aspecto más importante es el de la legalidad, en la inteligencia de cualquier precepto financiero jurí­dico de los depósitos. Después hay que contemplar otros como: la seguridad y garantí­a de esos fondos y finalmente el mejor rendimiento», opinó Fernández Molina, respecto a los intereses de hacer la multimillonaria transacción.

El magistrado también fue consultado sobre cuál serí­a la postura hacia la que se inclinarí­a, a lo que respondió que es necesario un análisis del departamento jurí­dico y otro del departamento financiero: el primero debe establecer de forma clara la procedencia u obligación de trasladarlo; el segundo debe establecer los aspectos de seguridad de esos fondos y también del mejor rendimiento.

«Yo no tomo una posición concreta en estos momentos, pero sí­ creo que es uno de los temas pendientes en la agenda y que se debe considerar», expuso Fernández.

Fernández reconoció que considera importante que se discuta el tema del traslado, ya que es «importante» que se confirme si se queda en los bancos con respaldo legal o por el contrario que la «inquietud» de trasladarlo al Banguat, sea procedente.

Pero ¿de dónde (o de qué grupo) surge lo que Fernández llama «inquietud», de trasladar esa multimillonaria suma?, el magistrado responde: «varios lo han planteado, desde que pasaron los hechos en el Congreso (pérdida de Q 82.8 millones en una anómala inversión a la casa de bolsa Mercado de Futuros, durante el perí­odo de Eduardo Meyer como presidente del Legislativo)».

Según el entrevistado, los planteamientos se refieren a por qué hay tantos ahorros o depósitos del OJ en los bancos privados y si esos fondos deben o no continuar en esas entidades o trasladarse al Banguat.

«Yo no estoy diciendo que se deba quedar ahí­ o trasladarse, digo que debe haber un análisis taxativo para determinar que sigan ahí­ o que se trasladen».

OPINIí“N

Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opinó que la idea de que los magistrados de la CSJ encuentren consenso para elegir al presidente de ese organismo, es que esa instancia «continúe con los procesos de trabajo y no en discusiones sobre qué se hace y qué no en materia de justicia», dijo.

El experto consideró que la próxima Corte será quién deba considerar y tomar decisiones respecto a que los recursos deben estar depositados de forma adecuada y en garantí­a de la seguridad, tomando en cuenta que son los fondos del Estado.

Para Canteo, la posición más viable es que los fondos del Estado en general, y de la CSJ en particular, «no corran ningún tipo de riesgo, porque en la situación actual un organismo no puede arriesgar los fondos porque no se garantizarí­a la justicia», comentó.

El analista opinó finalmente que gran tema de fondo en la división en dos grupos del pleno de magistrados de la CSJ es que provoca que los funcionarios de justicia no puedan dedicarse ciento por ciento a resolver los casos que tramitan por ese tipo de discusión. «No es posible que la Corte siga en una desatención a esos casos, que se termine ese proceso de falta de funcionamiento y se siga igual impartiendo justicia», pidió Canteo.