El Presidente anunció el 2 de marzo que pedirá a las Naciones Unidas que la CICIG continúe por dos años más a partir de septiembre de 2009. Es ésta una buena noticia, ya que dicha decisión se suma a la recomendación que la propia CICIG hará a la ONU y al apoyo de las misiones diplomáticas en Guatemala para la continuidad de sus labores. Eso garantiza el apoyo necesario para que se logre la aprobación en el seno de esa organización.
Es el momento justo de replantearse el mandato de la CICIG, ya que éste no corresponde con el nombre asignado: Comisión Internacional contra la Impunidad. Los defensores de derechos humanos creemos que el mandato debe ampliarse. Por ahora, sobre la base de la propuesta original conocida como CICIACS y debido a la oposición que sectores de poder ejercieron a su aprobación, el mandato quedó reducido a enfrentar la impunidad por algunos crímenes pero no todos, cuando Guatemala viene siendo conocida como «el país de la eterna… impunidad».
La CICIG debe determinar la existencia de grupos ilegales y estructuras clandestinas de seguridad; promover la investigación, el juicio y el castigo de los crímenes cometidos por sus miembros; y recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar tales grupos y estructuras e impedir su resurgimiento. Cumplir estos objetivos de por sí constituiría una enorme contribución para nuestra angustiada sociedad; pero es ciertamente insuficiente de cara a la impunidad que reina en el país. ¿Qué pasa con los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno? ¿Puede permitirse la impunidad por los 200,000 muertos de ese período, la inmensa mayoría por represión estatal? Peor aún, cuando es vox populi que involucrados en las organizaciones criminales de hoy fueron responsables de atrocidades durante la guerra.
En los últimos meses, el presidente Colom ha venido haciendo gestos simbólicos importantes. Ha reconocido la responsabilidad del Estado guatemalteco por graves violaciones de derechos humanos y numerosos actos de violencia y hasta se ha permitido pedir disculpas a Cuba por haber sido Guatemala plataforma para la invasión en Bahía Cochinos. No obstante, esos gestos serán vacíos si no van acompañados de acciones firmes contra los responsables de tales hechos. Una vez la Comisión para el Esclarecimiento Histórico dictaminó que en Guatemala el Estado había cometido genocidio, la Convención específica de la cual es parte nuestro país obliga a continuar las investigaciones sobre ese crimen y enjuiciar a los responsables. No es que el Estado pueda o no realizar estas acciones; tiene la responsabilidad ineludible de hacerlas.
Por ello, el primer paso en la dirección correcta será pedir a la ONU que se prorrogue pero también se amplíe el mandato de la CICIG, para que dicha Comisión pueda, efectivamente, ayudar a derribar el muro de la impunidad. Estoy convencido de que la comunidad internacional, particularmente los países que tanto han apoyado a Guatemala en el proceso de búsqueda de la paz, estarán dispuestos a acompañar el necesario proceso de la consolidación de la paz, que no puede ignorar la vigencia plena de los derechos humanos, la verdad y la memoria histórica, y la debida y pronta justicia.