El Gobierno argentino y las patronales agrarias enemigas de un impuesto a las exportaciones alimenticias por más de 20 mil millones de dólares firmaron un súbito y pragmático acuerdo, al filo del abismo, cuando enfurecidos agricultores iban a lanzarse de nuevo a las rutas.
«Se alcanzaron acuerdos en el buen sentido de no destruir la producción y esto es un cambio sustancial de rumbo», dijo Federico Pinedo, uno de los jefes de la oposición en diputados y líder de Propuesta Republicana (PRO, derecha).
El pacto con las patronales se alcanzó al conceder el Gobierno peronista socialdemócrata subsidios y alivios fiscales en materia de lechería, carnes, trigo y maíz. Pero la puja sigue latente porque el blanco principal de los agricultores es la eliminación de las retenciones (tributos a las exportaciones) de soja y girasol.
«Llevaremos al Congreso la iniciativa de bajar las retenciones», anticipó Mario Llambías, uno de los jefes agrarios combativos y feroz opositor.
La diferencia entre la lucha sin cuartel planteada desde hace un año y la flamante tregua estuvo dada por la fuerte caída de precios internacionales junto con la demanda de productos agrarios.
Las consultoras económicas calculan una baja anual de ingresos en Argentina de 25 mil a 20 mil millones de dólares por ventas externas de materias primas.
«Las opiniones que tenemos del acuerdo son altamente favorables», dijo el opositor Hermes Binner, presidenciable socialdemócrata y gobernador de la provincia de Santa Fe (centro), el mayor polo de producción agroindustrial.
La agroindustria sumó el año pasado ingresos al país por otros 14 mil millones de dólares, con fuerte liderazgo mundial en harinas y aceites de soja y girasol.
Sin la agresividad de antaño, la presidenta Cristina Kirchner, debilitada por una fuga de aliados, había irrumpido por sorpresa en el encuentro de sus ministros con las patronales y dado el aval para firmar el entendimiento.
«Fue muy importante la presencia de la presidenta. Marca un camino de recomposición de la confianza», dijo hoy el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Pero el fuego de la rebeldía en la Pampa Húmeda (región central), uno de los paraísos agrícolas del mundo, sigue ardiendo e incluso provoca divisiones en las patronales.
«Los productores quieren quedarse en la ruta porque están con bronca. Yo no hubiese firmado el acuerdo», protestó Alfredo de Angeli, el más popular de los dirigentes de los «chacareros», como se le dice en Argentina a los pequeños agricultores.
De Angeli es el más carismático de los líderes «chacareros», a quienes arrastra hacia las carreteras manejando tractores y cosechadoras, como en 2008, cuando puso en jaque a Cristina Kirchner y a su marido, el líder peronista y ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
El nuevo comportamiento cuidadoso del Gobierno y los jefes agropecuarios produjo un viraje en un conflicto que favorece para las elecciones parlamentarias de octubre a los partidos de la oposición, embanderados con los agricultores.
Argentina está sufriendo el efecto dominó con la recesión global y centenares de despidos en el sector industrial, con fuerte caída productiva y de exportaciones, lo que encendió luces amarillas de temor en la Casa Rosada (gobierno) y en los comités opositores.
Sin embargo, hasta el momento se mantuvo sólida la extraña alianza entre la Federación Agraria, que nuclea a 100 mil productores pequeños y medianos, con otras patronales del agro, entre ellas la aristocrática Sociedad Rural, con unos 10 mil grandes productores.
La puja por la distribución de la suculenta renta agraria, que representa más de la mitad de las exportaciones, dañó en un año la imagen presidencial, que cayó de 55% a 30%, aunque no ha surgido un líder opositor de fuste.