El presidente ílvaro Colom confirmó que el ministro de Defensa Nacional, Abraham Valenzuela y su familia han sido víctimas de amenazas de muerte desde el inicio de la desclasificación de archivos militares.
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En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo aseguró que hay «algunos ex oficiales nerviosos» desde la apertura de los archivos que permanecieron clasificados en tiempo del enfrentamiento armado interno.
Asimismo, aseguró que el ministro de Defensa Nacional, Abraham Valenzuela, sus familiares y otros oficiales del Ejército han sido víctimas de intimidaciones y amenazas por medio de llamadas telefónicas tras la entrega a un juzgado de los planes Victoria 82 y Firmeza 83, los cuales serían constituidos como medios de prueba en un caso de genocidio.
Colom asegura que las presiones para que no se abran los archivos «vienen de fuera», sin embargo, el Ministro «tiene las botas puestas» y el Gobierno iniciará los procesos necesarios para ubicar y abrir los expedientes militares.
Organizaciones sociales han sumado esfuerzos para exigir que las promesas del Ejecutivo sobre la desclasificación de archivos de militares sean efectivas, sin embargo, hasta ahora se han considerado desilusionadas por los «mínimos avances» que han observado en este proceso.
NUEVA COMISIí“N
El gobierno conformará esta semana una comisión interinstitucional que se encargará de la desclasificación de los documentos castrenses registrados durante el período de 1954 a 1996, tiempo durante el que se desarrolló la guerra civil entre las fuerzas de seguridad del Estado y la guerrilla.
Colom aseguró que el próximo lunes se definirá quienes integrarán la Comisión y las atribuciones de cada miembro.
El primer paso de la desclasificación será ubicar la documentación militar de los distintos archivos instalados en el país, lo cual llevaría cerca de diez meses, y después se iniciaría la apertura de los mismos para realizar estudios y usos legales en procesos judiciales.
La fiscalía de Derechos Humanos del MP presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de medida para cumplimiento de la sentencia de amparo que ordena al ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela a entregar cuatro planes contrainsurgentes. Con ello buscan que el juez exija al funcionario la entrega de los expedientes.