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Las cancillerí­as de ambos paí­ses firmaron un acuerdo para llevarlo a esta instancia, debido a que las negociaciones bilaterales no han dado frutos. Según expertos consultados por Diario La Hora, ésta es la única ví­a que queda, ya que sólo un tercero en discordia podrí­a poner fin a la disputa.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, habí­a recomendado anteriormente que ambos paí­ses acudieran a la CIJ para dar por terminada la controversia, que durante años ha envuelto a la región del Caribe.

El Acuerdo Especial para someter el reclamo territorial, insular y marí­timo de Guatemala señala que la disputa territorial -por 13 mil kilómetros de territorio- debe ser conocida y resuelta por el alto tribunal de CIJ en La Haya, sin lugar para apelaciones posteriores por ninguna de las partes.

LARGO PROCESO

Expertos en derecho internacional estiman que pasarán al menos dos años antes de que el caso sea remitido a la CIJ, debido a la complejidad de los procesos que deben llevarse a cabo a lo interno en cada uno de los paí­ses firmantes del acuerdo.

Sin embargo el viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Miguel íngel Ibarra, considera que el tribunal internacional es la mejor opción para dar por finalizada la controversia.

«No miramos otra salida para resolverlo», señaló Ibarra, en declaraciones otorgadas a Diario La Hora en diciembre pasado.

Después de la firma del acuerdo entre los cancilleres de ambos paí­ses, el documento deberí­a ser enviado al Congreso de la República para que después de su análisis emita una resolución que permita al Tribunal Supremo Electoral convocar a una consulta popular.

De resultar positivo el voto de la ciudadaní­a guatemalteca y la resolución del Legislativo, el caso estarí­a en el camino para que la CIJ los conozca y emita una resolución; en caso de no recibir la aprobación de la consulta popular, el asunto se detendrí­a nuevamente.

SOLUCIí“N FINAL

El doctor Rodolfo Rohrmoser, ex embajador en Washington, opinó que la decisión de llevar el caso a una instancia internacional representa un importante avance para la resolución del conflicto.

No obstante, aclaró que el papel de los representantes guatemaltecos en La Haya debe enfocarse en una solución «en equidad y justicia» para que ambas partes consigan beneficios.

«Los guatemaltecos necesitan más información sobre el proceso y las implicaciones futuras que representa una resolución de la CIJ; pues al fin será en la consulta popular donde se decida el rumbo del caso», puntualizó Rohrmoser.

Diario La Hora consultó con expertos en polí­tica internacional y relaciones diplomáticas, sobre las pretensiones del paí­s, su capacidad para alcanzar una resolución satisfactoria, así­ como las previsiones que estiman para el proceso.

Rosenthal*: «Solo un «tercero en discordia» puede ofrecer una salida.»

-Diario La Hora: ¿Cómo podrí­a resolverse esta controversia?

– Gert Rosenthal: El Fallo de la Corte es inapelable. O sea, la controversia se va a resolver a través del fallo de la Corte. Como decí­a el recordado doctor Alberto Herrarte, cuando abogaba a favor de una solución jurí­dica: «si Guatemala tiene derechos, que así­ declare (la Corte); si no los tiene, que se le denieguen.»

– DLH: ¿Cree que llevar el caso ante la CIJ es la mejor opción para Guatemala?

-GR: Así­ lo creo, y así­ lo cree la mayorí­a de las personas que se han dedicado a estudiar el tema, incluyendo al doctor Herrarte, a quien acabo de citar. Es la forma en que los paí­ses que abogan por la solución pací­fica de las controversias resuelven sus diferencias.

– DLH: ¿A qué procedimientos alternativos se podrí­a optar?

–GR: La negociación con Belice, pero ello no ha conducido a nada en el pasado, porque son considerables las distancias que separan nuestras respectivas posiciones. Guatemala tiene una reclamación territorial, litoral y marí­tima; Belice no cede un centí­metro. Solo un «tercero en discordia» puede ofrecer una salida. Otra alternativa serí­a el arbitraje, pero ello vendrí­a a ser lo mismo que la solución jurí­dica, en el momento que las partes acepten que la decisión del árbitro es vinculante.

– DLH: ¿Cree que la población es capaz de tomar la decisión correcta con respecto al rumbo que debe llevar este diferendo?

-GR: Por supuesto. Pero tenemos que presentar la información a la población para que tome una decisión razonada y fundamentada en una consulta popular sobre el particular.

– DLH: De llevar el caso ante la CIJ, ¿qué posibilidades tiene Guatemala para conseguir un resultado positivo?

-GR: Ambas partes tendrán un resultado positivo en la medida en que este diferendo de 140 años quede superado. En lo que se refiere a cuánto de nuestra reclamación quedará reivindicado por el fallo de la Corte, tengo confianza en la legitimidad de nuestra reclamación.

– DLH: ¿Considera que la asesorí­a jurí­dica de la Cancillerí­a tiene la capacidad para resolver ese proceso?

-GR: Seguramente la Cancillerí­a no se limitará a su equipo de planta, sino que acudirá a las mejores cabezas jurí­dicas de que dispone el paí­s, complementadas por alguna que otra asesorí­a jurí­dica internacional.

-DLH: ¿Cómo se puede sobrellevar este proceso sin alterar o complicar las relaciones con Belice?

-GR: La relación bilateral con Belice anda bien. La participación de Belice en todas las actividades del SICA convierte a ese paí­s en socio regional. Y la decisión de acudir a la Corte fue una decisión compartida por ambas partes, porque ambas entienden que nos conviene superar el diferendo.

* Gert Rosenthal, ex canciller guatemalteco y actual embajador de Guatemala ante la ONU.

Barahona*: «Lo que Guatemala va a reclamar con precisión aún no se conoce»

-Diario La Hora: ¿Qué panorama le espera a Guatemala en el diferendo territorial que mantiene con Belice?

-Marco Antonio Barahona: Una vez emitido el acuerdo gubernativo el 1 de diciembre de 2008, se autoriza al Ministro de Relaciones Exteriores para suscribir con su par beliceño el acuerdo especial que se habí­a negociado con la OEA. El Legislativo lo recibe inmediatamente y le pide al TSE que convoque a la consulta popular. En el acuerdo especial viene formulada la pregunta, extensa y un poco compleja, la cual se deberá someter a la consideración de los guatemaltecos; el Congreso no tiene que ratificarlo ni discutirlo, porque es un acuerdo entre Estados.

-DLH: TSE señaló que esperaban la ratificación del Congreso y que les ordenaran para convocar a la consulta

-MAB: Quizá el problema sea que el artí­culo 19 de la Constitución no es suficientemente claro. Como está redactado y concebido procede la convocatoria pero puede no ser así­, es una interpretación. Si lo vemos como que el Congreso tiene entre sus funciones la ratificación de tratados o acuerdos internacionales, quizá deba conocerlo simplemente, no en términos de su contenido, sino que lo conoce y lo ratifica, sin ver detalles, porque si sucede eso no tendrí­a sentido el acuerdo entre ambos gobiernos.

-DLH: ¿Llevar el caso a la Corte es la mejor decisión para Guatemala?

-MAB: Lo más importante es que se tome conciencia plena de que se está adquiriendo un compromiso ante la comunidad internacional de someter este diferendo añejo a la consideración de un órgano de reconocido prestigio internacional como la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Debemos entender que acudir a un órgano de esta categorí­a es una manera razonable y civilizada, para que alguien finalmente nos ayude a resolver estas diferencias que tenemos y que finalmente se le ponga punto final a este caso y se reconozcan las fronteras entre ambos paí­ses y que ambas sociedades nos dediquemos a trabajar en conjunto por el bienestar de nuestras comunidades.

-DLH: De llevar el caso ante la CIJ, ¿qué posibilidades tiene Guatemala para conseguir un resultado positivo?

-MAB: Es un litigio añejo y lo que Guatemala va a reclamar con precisión aún no se conoce, recordemos que lo que se está abordando ahora es llevar el caso al conocimiento de una autoridad internacional, para que esta, luego de los alegatos y argumentaciones de las partes emita un juicio sereno, equitativo, justo. Todo va a depender de la habilidad y capacidad de ambos gobiernos.

La resolución del conflicto puede tomar tres, cinco o más años, porque se comienza el proceso de documentación, presentación de pruebas, alegato de las partes y cada uno tiene seis meses para responder y así­ nos vamos a ir.

-DLH: ¿Cree que la población estarí­a capacitada para tomar la decisión correcta con respecto al rumbo que debe llevar este diferendo?

-MAB: En Guatemala, desde 1985 para acá, hemos vivido una democracia representativa. Tenemos algunos atisbos de democracia participativa como lo serí­an las consultas comunitarias. Temas trascendentales se han sometido en dos ocasiones al criterio de la población, las reformas a la constitución en 1995 y 1999. Las consultas populares son para cosas trascendentales pero con preguntas muy especí­ficas. El pueblo va a estar más capacitado, entendido como mejor informado y preparado para la consulta, en la medida que las autoridades responsables informen ampliamente sobre su naturaleza, contenido, implicaciones y conveniencia. La tarea que le corresponde al Gobierno es explicarle a la gente por qué le conviene a Guatemala ir ante la Corte, invitar a la población para que considere la conveniencia de votar favorablemente y de una vez por todas superemos el conflicto y sustentar los alegatos en cuanto a su reclamo con Belice.

-DLH: ¿Qué estrategias deberí­an seguir los juristas que represente a Guatemala?

-MAB: Hay realidades que se deben reconocer. Belice, independientemente si formó parte de la Capitaní­a General de Guatemala antes de 1821, hoy por hoy es un paí­s, una sociedad y un estado autónomo, por lo tanto se debe comprender que para ellos su territorio también es importante. Aquí­ se plantea lo que muchos expertos han sugerido, que se negocie lo que se llama agua por tierra. No necesariamente nuestro reclamo debe ir encaminado a recuperar territorios fí­sicos concretos, sino a tener acceso a áreas que serí­an mucho más útiles para nosotros. Por ejemplo, la riqueza marí­tima de la plataforma continental y debido a las posibilidades que haya petróleo en esa zona, que Guatemala tenga acceso a porciones de esa plataforma continental que ahora está bajo dominio y soberaní­a de Belice serí­a un buen arreglo.

-DLH: ¿Cómo se puede llevar el proceso sin que se alteren las relaciones con Belice?

-MAB: Serí­a muy positivo que entre los Estados nos manifestáramos las medidas de mutua confianza, tenemos que ir ganando confianza a través de actos concretos que evidencien la disposición para la cooperación, solidaridad, y acción conjunta en general.

-DLH: ¿A quien le pertenece legalmente el territorio en disputa?

-MAB: A estas alturas del partido, si bien podemos hacer la revisión histórica, lo que conviene es buscar una solución porque no podemos seguir con este diferendo, porque esto nos afecta para relacionarnos con un paí­s vecino como socio y colaborador y no como un adversario con el cual tendremos roces y pequeños conflictos

* Marco Antonio Barahona, Consultor del departamento sociopolí­tico de la Asociación de Investigación y Estudios Socioeconómicos (Asies)

Orellana: Nada impedirí­a continuar negociando un acuerdo extrajudicial

-Diario La Hora: ¿Qué panorama le espera a Guatemala en el diferendo territorial que mantiene con Belice?

-Gabriel Orellana: El propósito que orienta a ambas partes es que el caso debe decidirlo en definitiva la Corte Internacional de Justicia. Tampoco podemos perder de vista que todo litigio judicial toma su tiempo y que el transcurso del tiempo genera expectativas que, en la opinión pública, recorren todas las escalas existentes entre el optimismo y el pesimismo, generando presión sobre las autoridades encargadas del tema. Veremos, por lo mismo, un sinnúmero de abogados procesalistas e internacionalistas, hasta ahora ocultos, que verterán sus conocimientos sobre lo que procede hacer o no en el juicio. Y no descarto, además, que grupos opositores al Gobierno de turno pretendan sacar partido de esta situación de incertidumbre.

-DLH: ¿Cómo podrí­a resolverse esta controversia?

-GO: Como todas las que, hasta ahora, ha resuelto la Corte Internacional de Justicia: pací­ficamente. De lo contrario ¿para qué decidieron ir a la Corte Internacional de Justicia? Es preciso aclarar, además, que, la resolución que dicta cualquier tribunal depende de cómo las partes le hayan formulado sus respectivas peticiones. En todo caso no hay que olvidar que la CIJ deberá resolver por separado lo relativo al tema territorial, insular y marí­timo, según lo establecido en el Convenio suscrito entre Belice y Guatemala el pasado diciembre.

-DLH: ¿Considera que llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es la mejor opción para Guatemala?

-GO: Agotados entre las partes, por ahora, los puntos para negociar una solución extrajudicial, no les queda sino cumplir con el mandato de la Carta de la Organización de Estados Americanos y, por lo mismo, acudir a la instancia judicial. Esto, sin embargo, no les impedirí­a continuar negociando un acuerdo extrajudicial, si tal fuere su voluntad, y, en el caso de que lo lograran, desistir de su acción ante la CIJ, previo cumplimiento -en el caso de Guatemala- de los requisitos constitucionales exigidos por el artí­culo 19 de las disposiciones transitorias de nuestra Constitución.

-DLH: ¿A qué procedimientos alternativos se podrí­a optar?

-GO: Existiendo la buena disposición y voluntad de las partes contendientes, bien cabrí­a pensar en retomar cualquiera de los medios polí­ticos tradicionales, tales como la negociación directa, la mediación, la conciliación o cualesquiera otros que las partes estimen adecuados, tal como lo prevé la Carta de la Organización de Estados Americanos. Lo importante en esta hipótesis es recordar que ninguna de las partes podrá acudir a procedimientos alternativos por su propia y unilateral decisión.

-DLH: ¿Cree que la población, en el actual contexto, es capaz de tomar la decisión correcta con respecto al rumbo que debe llevar este diferendo?

-GO: «La voz del pueblo es la voz de Dios; y Dios nunca se equivoca» es la teorí­a que subyace en el artí­culo 19 de las disposiciones transitorias de nuestra Constitución. ¿Quién, dentro del actual contexto, serí­a capaz de juzgar si el pueblo tomó la decisión correcta con respecto al rumbo que debe llevar este diferendo? Y algo más, suponiendo que a juicio de alguna persona o grupo alguno y concluido el procedimiento de consulta: ¿Qué se podrí­a hacer para anular la decisión y cómo? ¿En qué plano quedarí­amos ante la comunidad internacional?

-DLH: De llevar el caso ante la CIJ, ¿qué posibilidades tiene Guatemala para conseguir un resultado positivo?

-GO: Más que hablar de «posibilidades» (por cuanto que a nada nos conducirí­a «hacer cábalas»), me parece más importante analizar, con profundidad y seriedad,  entre otros, como -por ejemplo- el criterio vertido por el Juez ad hoc Thomas Franck en su voto razonado del 21 de octubre de 2001, al resolver el pedimento de intervención formulado por Filipinas en el caso de Indonesia vs. Malasia; cuál será en este caso la actitud del ilustrado Gobierno de Guatemala, a la luz de la Ley de «Acceso» a la Información Pública, para conocer el desarrollo del caso, porque no podemos desconocer que cuanto nos oculten las autoridades lo sabremos por otros medios… aun cuando censuren Internet.

Otro punto importante que me parece digno de consideración es: ¿qué garantí­as de estabilidad tendrán los jueces y los asesores de Guatemala, tomando en cuenta que prevalece en estos casos el compadrazgo, el clientelismo y el concepto de botí­n polí­tico? Algunas lecciones ya nos dejó en este punto el Caso Nottebom.

-DLH: ¿Qué estrategia deberí­an seguir los juristas que representen a Guatemala en la CIJ?

-GO: No existen las preguntas indiscretas sino sus respuestas. Por este motivo me disculpará que hoy no se la responda. Concluido el juicio, si estoy vivo para entonces, me será muy grato conversar con usted para juzgar, en perspectiva de pasado, las estrategias que se siguieron o que debieron seguir los juristas que representaron a las partes litigantes.

-DLH: ¿Cómo se puede sobrellevar este proceso sin alterar o complicar las relaciones con Belice?

-GO: El proceso iniciado entre ambas partes desde el 2000 le ha demostrado a cada una de ellas y a la comunidad internacional, que Belice y Guatemala tienen la capacidad y la madurez necesarias para conducir sus relaciones bilaterales en forma normal y civilizada, sin que las afecte la existencia del diferendo territorial, cuya resolución se han propuesto llevar a feliz término empleando para el efecto los medios pací­ficos previstos por el Derecho Internacional Público.

-DLH: ¿A quien pertenece -de forma legí­tima- el territorio en disputa?

-GO: Porque existe actualmente un litigio judicial en curso, precisamente, me parece inconducente responder esta pregunta. En nada influirá lo que yo crea o no. Será la decisión de la Corte Internacional de Justicia la que, en definitiva, decida esta interrogante.

*Gabriel Orellana, ex canciller y catedrático universitario.