Estados Unidos ha empezado a endurecer el tono ante el posible contagio de la violencia y la corrupción de los cárteles de la droga mexicanos, que son la principal amenaza en la frontera sur, según reconocen miembros del gobierno.
El Fiscal General, Eric Holder, anunció el miércoles una gran redada policial en tres estados del país que se saldó con la detención de 52 personas relacionadas con el temible cártel de Sinaloa, uno de los que se disputan sangrientamente el territorio mexicano.
A lo largo de los últimos 21 meses, la Operación Xcelerator, coordinada con México y Canadá, ha logrado el arresto de más de 750 personas, reveló el fiscal en la rueda de prensa.
El precio de la cocaína en las calles de Estados Unidos se ha duplicado desde mayo de 2007, aseguró por su parte la administradora interina de la Agencia antidrogas (DEA por sus siglas en inglés), Michelle Leonhart.
«Con esta operación, le hemos cerrado al cártel de Sinaloa y a sus redes cerca de 1.000 millones (de dólares) en ingresos», aseguró Leonhart.
«Es un esfuerzo que va a continuar», predijo Holder, que alabó una vez más el empeño que pone el gobierno del presidente mexicano, Vicente Calderón, para acabar con el narcotráfico, y la «valentía» de sus fuerzas de seguridad.
Holder reconoció además un problema que las autoridades mexicanas llevan tiempo planteando ante sus colegas estadounidenses: el incesante tráfico de armas pesadas provenientes de Estados Unidos que son utilizadas por el crimen organizado.
«Como el presidente (Barack) Obama indicó durante la campaña, hay algunos cambios respecto a las armas que nos gustaría llevar a cabo, entre ellos la reimplantación de la prohibición de venta de armas de asalto. Creo que tendría un impacto positivo en México», dijo Holder en la rueda de prensa.
El 90% de las armas recuperadas en México provienen de Estados Unidos, según reconoce la agencia federal encargada de su control (ATF por sus siglas en inglés).
En 2007, la ATF (Agencia del control de Armas, Tabaco y Alcohol) localizó 2.400 armas capturadas en México de origen estadounidense, 1.800 de las cuales en cuatro estados fronterizos.
Un control sobre la importación de armas de grueso calibre en Estados Unidos fue derogado durante la presidencia de George W. Bush, y hasta el último día de su gobierno miembros de su gabinete como la secretaria de Estado Condoleezza Rice defendieron la decisión.
Ahora la violencia de los cárteles mexicanos ha pasado a ser la máxima prioridad en la frontera sur, declaró también el miércoles la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano.
«Es algo que merece nuestra máxima atención en estos momentos», dijo Napolitano ante un comité del Congreso.
Su predecesor en el cargo, Michael Chertoff, aseguró también poco antes de abandonar el cargo que el Departamento ya había previsto planes de máxima seguridad, con la colaboración del ejército, en el caso de que la violencia de los narcos mexicanos desbordara la frontera.
El gobernador de Texas, Rick Perry, solicitó 1.000 soldados y varios aviones para enviar a la frontera y así dar respaldo a la policía presente en la zona.
En poblaciones fronterizas como El Paso, vecina de la peligrosa Ciudad Juárez mexicana ya se registra un virtual exilio de empresarios y mexicanos de clase media que prefieren instalarse en Estados Unidos para huir de la violencia, informan medios locales.
La violencia del narcotráfico no cede en la convulsa Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, pese al anuncio del gobierno mexicano de que reforzará notablemente el despliegue de militares y policías.
Dos personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez la noche del miércoles y 10 más en el resto del estado de Chihuahua (norte), el mismo día que el Gabinete federal de seguridad sesionó en esa urbe y anunció que reforzará «notablemente» el contingente de 2.500 militares instalado desde hace meses.
En la misma jornada, las fuerzas de seguridad mexicanas recibieron un fuerte golpe al ser asesinados cuatro agentes en un ataque con granadas en el estado de Guerrero (sur).
«En las próximas semanas se reforzará de manera notable la presencia de la autoridad militar, policial, federal, estatal y municipal en (Ciudad) Juárez», dijo a la prensa el ministro de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al término de una cumbre del gabinete de Seguridad Nacional celebrada en Ciudad Juárez.
El funcionario no aportó detalles de este refuerzo pero aseguró que «será visible por los habitantes de la zona en las próximas semanas».
«No se les va a ceder un centímetro de la plaza y los vamos a expulsar de Juárez», dijo Gómez Mont en referencia a los grupos criminales que operan en la zona y que causaron en 2008 la mayoría de los más de 1.650 asesinatos.
En Ciudad Juárez, el cártel que le da nombre a la urbe y el de Sinaloa, dirigido por el prófugo Joaquín «el Chapo» Guzmán, se disputan a sangre y fuego el trasiego de drogas hacia a Estados Unidos.
En Estados Unidos fueron detenidos el miércoles 52 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa como parte de una operación que lleva desarrollándose desde hace 21 meses.
Mientras se realizaba la cumbre, se detectó en el aeropuerto internacional de Ciudad Juárez una bomba de fabricación casera por lo que el personal y los viajeros fueron evacuados durante unas horas, dijeron a la AFP fuentes de seguridad nacionales, que no dieron detalles del artefacto.
Por otro aviso de bomba, no detectada en este caso en la inspección, también fueron evacuados los juzgados federales de esta localidad, ubicados a tres calles del hotel donde se celebró la cumbre bajo fuertes medidas de seguridad, constató un periodista de la AFP.
En los últimos días, el crimen organizado forzó la renuncia del jefe de la policía de Ciudad Juárez tras proferir amenazas de muerte contra él y sus subordinados, y atacó la caravana del gobernador del estado de Chihuahua, José Reyes Baeza, con saldo de un custodio muerto.
Mientras, la policía mexicana volvió a ser atacada el miércoles al sur del país, donde un comando acribilló y lanzó granadas contra un coche patrulla que acabó totalmente calcinado en Zihuatanejo (Guerrero), matando a cuatro agentes.
Dos granadas de fragmentación habían sido arrojadas contra una academia policial de Zihuatanejo el pasado sábado, resultando heridas cinco personas, entre ellas un policía.
Unos 120 policías fueron asesinados por el crimen organizado en 2008, según el gobierno federal.