El próximo domingo se cumple un año del fatal accidente en la vuelta El Chilero que cobró la vida de más de 50 pasajeros y dejó en la orfandad a decenas de infantes; el panorama legal abierto por ese hecho es hoy incierto.

La noche del 29 de febrero de 2008 se registró uno de los más trágicos accidentes de autobús en muchos años: el lamentable escenario fue el kilómetro 33.5 de Villa Canales a Barberena, Santa Rosa, en la curva conocida como la vuelta El Chilero.

A causa del impacto fallecieron 48 personas, entre ellas cuatro niños, y 27 más quedaron gravemente lesionadas. Más tarde se sumaron otras ví­ctimas mortales dejando un saldo trágico de 56 fallecidos.

EN LO PENAL

El bus accidentado pertenecí­a a la Empresa de Transportes Cubanita, propiedad del diputado Aní­bal Salguero, quien indicó que el vehí­culo ya no era de su propiedad porque lo habí­a vendido a quien entonces lo conducí­a y falleció en el accidente.

Sin embargo, la fiscalí­a de Villa Canales a cargo de la investigación confirmó por medio de un análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que el acta de compraventa habí­a sido falsificada.

Lo anterior originó que el Ministerio Público accionara contra Salguero por medio de un antejuicio, contra Rolando Morales Cruz, representante legal del diputado, y contra Sabino Villagrán Acevedo, ex subdirector general de Transporte.

El 19 de noviembre de 2008, Napoleón Gutiérrez, juez pesquisidor del Antejuicio contra Salguero, recomendó a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad al diputado por considerar que hubo indicios de delito.

A pocos dí­as que la CSJ resolviera en definitiva el retiro de la inmunidad contra el congresista, éste interpuso dos recusaciones contra los magistrados Luis Fernández Molina y í“scar Vásquez Oliva, acciones que lograron congelar el proceso.

LENTITUD

í‰dgar Guerra, representante de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (AUTUE), manifestó que el sistema de justicia ha sido lento en relación a las responsabilidades penales por ese accidente y la justicia para las ví­ctimas.

«El sistema se presta a las argucias que presentaron las personas que podrí­an tener responsabilidad en este caso», indicó el entrevistado.

Guerra añadió: «Este caso ha pasado de vicios en el proceso hasta amenazas de muerte hacia las ví­ctimas y sobrevivientes para que no denuncien, no ha habido ninguna responsabilidad civil», indicó.

El entrevistado dijo finalmente que las ví­ctimas debieron ser resarcidas con al menos Q70 mil, según lo establece la Ley, mientras que sólo recibieron un promedio de Q20 mil.

Rolando Rodenas, fiscal a cargo del caso, manifestó que no puede externar opinión al respecto hasta que la CSJ le notifique sobre si retira o no la inmunidad al congresista. Agregó que contra Morales Cruz se presentó la acusación formal por los delitos de falsedad material e ideológica y que Villagrán fue enviado a juicio según fallo del juzgado Noveno.