La publicación del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos viene a reforzar en muy buena medida lo que prácticamente toda la comunidad internacional ha reiterado sobre la crisis de impunidad en nuestro país y confirma que desde afuera hay unanimidad en cuanto a valorar el daño que ese flagelo hace a Guatemala. Mientras en Guatemala los dinosaurios de la impunidad se remueven para defender sus privilegios y atizan el fuego para apuntalar sus posiciones, los países que han dado acompañamiento al proceso de democratización del país ponen el dedo en la llaga con la evidente intención de conmover y sacudir a la opinión pública local que debe jugar un papel importante al enfrentar las estructuras de poder paralelo que son responsables del descalabro de nuestra justicia y seguridad.
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Vale la pena señalar que se trata del primer informe que se produce en el Departamento de Estado bajo la conducción de Hillary Clinton y en el gobierno de Barack Obama, lo que le otorga especial importancia porque muestra que la nueva administración adquiere un renovado compromiso con el tema de los derechos humanos que bajo el gobierno de Bush no fue prioritario porque no podían exigir con credibilidad al mundo respeto a esos derechos que ellos mismos mancillaban en las prisiones públicas y secretas montadas en el marco de la guerra contra el terrorismo.
Y si bien el detalle de informe país por país es elaborado por los cuadros técnicos y permanentes del Departamento de Estado, la exposición política inicia en la que se apunta al renovado compromiso con los derechos humanos es producto de la visión del nuevo equipo que asumió con Obama. Y por ello es importante ver que en el caso de Guatemala el planteamiento se centra con mucho énfasis en el tema de la impunidad y de hecho constituye un aval a lo que está realizando la Comisión Internacional que para esa materia opera aquí con el patrocinio de las Naciones Unidas y el aporte directo de media centena de países que han dado colaboración y apoyo a la CICIG porque entienden que nada debilita más las posibilidades de la gobernabilidad en cualquier país del mundo que la ausencia del estado de Derecho que es violentado por las redes de la impunidad.
La cantidad de países que tienen calidad de Estado Fallido o de Estado Frágil es enorme y una de las condiciones que se observa en ellos es la incapacidad para aplicar la ley y administrar justicia. En ese sentido la situación en Guatemala es sumamente grave y los guatemaltecos tenemos que entender la dimensión de nuestro problema para que toda la población honrada se sume al esfuerzo.
Cierto es que la impunidad ha servido no sólo al crimen organizado sino a muchos sectores que se benefician de la ausencia efectiva de ley. Temas como la evasión fiscal y el tráfico de influencias florecen en el marco de la impunidad y «benefician» a sectores de poder, pero tarde o temprano esos grupos serán afectados por la influencia creciente de un crimen organizado que posee recursos ilimitados y que administra sin el menor escrúpulo. Por ello es que la impunidad, que aparentemente es un buen negocio para algunos que se creen «decentes» terminará pasando la factura a todos los que no son parte del crimen organizado y de allí la urgencia de que la lucha sea decisiva y frontal, sin dilaciones, para establecer el estado de derecho en Guatemala.