Los delitos de extorsión y chantaje son los de mayor incidencia en el departamento de Guatemala, asegura la sede de Gobernación, que propondrá elevar las penas para quienes cometan los ilí­citos.

Erick Pocasangre, gobernador de Guatemala, indicó que la situación de violencia e inseguridad preocupa a las autoridades departamentales, sobre todo por el incremento en los casos de extorsión y chantaje.

Grandes y pequeños comerciantes, pilotos de autobuses y familias de distintos estratos económicos forman parte de la lista de ví­ctimas de bandas de extorsionadores, que se sabe, operan dentro y fuera de las cárceles nacionales.

La amenaza de las pandillas, que exigen dinero y bienes a sus ví­ctimas a cambio de no hacerles daño, provoca que los hechos no sean denunciados, lo que a su vez dificulta el trabajo de las autoridades para contrarrestar a los victimarios.

«Cuando uno revisa las estadí­sticas de la Policí­a, es uno de los delitos menos denunciados», dice Pocasangre.

El tema se ha discutido en las últimas sesiones del Consejo Departamental de Seguridad, del que participan delegados de Gobernación, Policí­a Nacional Civil, Ministerio Público, Organismo Judicial y Dirección General de Presidios, entre otros.

De acuerdo con el Gobernador, una de las medidas que se implementará será proponer una reforma a la ley para elevar las penas a quienes cometan los delitos de extorsión, ya que a su criterio son «demasiado leves».

El Código Penal establece prisión de uno a seis años para quien incurra en el delito de extorsión, mientras que para el chantaje la pena es de tres a ocho años de prisión.

El diputado oficialista Santiago Nájera, presidente de la Comisión Legislativa de Gobernación, asegura que van a «apoyar desde el Congreso de la República en lo que sea necesario (para) darle trámite a la ley, para contrarrestar de inseguridad y violencia en el paí­s».

El congresista indicó que mantendrán una comunicación fluida con Gobernación para escuchar la propuesta del Consejo Departamental de Seguridad.