«No puedes estar todo el día con el tema en la cabeza», razona Manolo, obrero que trabaja en la construcción del tren de alta velocidad del País Vasco (norte de España), ante la amenaza de ETA a este proyecto, a pocos días de las elecciones del 1 de marzo.
«Si pudiera», y si no hubiera crisis, trabajaría en otra obra que no fuera el tren de alta velocidad (TAV) o Y vasca (por la forma de su trazado), que ETA declaró «objetivo» en 2007 y reiteró en 2008 y en enero, cuando envió «un aviso claro» a sus responsables «para que suspendan los trabajos».
La organización independentista armada vasca mató en diciembre a un empresario y a mediados de febrero atentó sin víctimas en Madrid contra la empresa Ferrovial, semanas antes de los comicios para elegir nuevo parlamento y gobierno regionales.
Las autoridades españolas y vascas consideran el TAV un proyecto «clave» no sólo para la región –creará 9.800 empleos e incrementará el PIB en un 1,3%–, sino para España y el trazado ferroviario europeo.
El TAV, iniciado en 2006 y al que se destinarán 4.178 millones de euros públicos, también lo financia la Unión Europea (UE) con 118 millones.
Las autoridades vascas lo comparan con la creación del museo Guggenheim de Bilbao en los 90 o la autovía de Leizarán, que unió el País Vasco con la vecina Navarra, aunque en aquel caso ETA consiguió modificar el trazado.
Nueve personas fueron asesinadas para cambiar Leizarán y abandonar la central nuclear de Lemoniz después de ser construida, en los 80.
«Hoy en día no se contempla que los violentos ganen», advierte Alvaro Videgain, presidente del Círculo de Empresarios Vascos.
Sin embargo, las autoridades y empresas prefieren no hablar sobre seguridad.
«Tal y como está la situación (…) nadie está dispuesto a hablar», «el sentimiento es de miedo» y tras los atentados, «más aún», según una fuente cercana a una empresa.
«Ha habido un refuerzo en los últimos meses» tras el asesinato del empresario Inaxio Uría, reconoce el ministerio español de Interior.
En el corazón del País Vasco, junto al pueblo de Aramaio, un agente privado presencia las obras, también vigiladas de noche.
El túnel y el viaducto en construcción han obligado a expropiar 100 hectáreas de tierras en este idílico valle. La sinuosa orografía exige que el trazado de la Y incluya 80 túneles y 71 viaductos.
La expropiación afecta a María Luisa Etxebarria, de 76 años, y a su marido, que además sufren las obras a 40 metros de casa.
«No se puede ni respirar ni abrir las ventanas», «la huerta se ha estropeado» y su nieta tuvo dos accidentes con los camiones, que utilizan para trabajar el único camino hacia su casa.
«El impacto medioambiental es dramático», denuncia Asier Agirre, alcalde de Aramaio, imputado por «desobediencia a la autoridad» por ayudar a organizar una encuesta en que Aramaio se pronunció contra el TAV.
Otros 16 pueblos están en contra, uniéndose al movimiento impulsado desde 2001 por la plataforma Elkarlana de asociaciones locales y ecologistas.
Ante la campaña de ETA, «el ayuntamiento no se posiciona ni a favor ni en contra», responde el alcalde, del partido ANV, ilegalizado en 2008 por sus vínculos con Batasuna, brazo político de ETA también ilegal.
Greenpeace en cambio denuncia que los atentados «en nada ayudan a la causa de la protección y defensa del medio ambiente».