Voces alzadas buscan, en algunos casos, proponer soluciones para reducir el problema y en otros, dar un golpe mediático y ganar simpatí­as electoreras. De su combinación surgen ideas como la de emitir una ley para que los motociclistas porten un chaleco especial y casco mostrando en caracteres grandes el número de matrí­cula. También se prohibirí­a llevar pasajeros y se harí­a que «circulen solamente sobre el carril derecho, a una distancia no mayor de un metro de la acera», so pena de multas pecuniarias.

Veo estas iniciativas con desilusión, porque indistintamente de las intenciones, resulta una medida sin impacto en el sicariato. Estos son mis argumentos:

La motocicleta es un vehí­culo al que han recurrido muchos ciudadanos por estricta necesidad, para transportar a esposas, novias, vecinos, compañeros de trabajo y demás. Los pasajeros legí­timos no se pueden prohibir y una medida tal viola derechos civiles.

Por las calles circulan innumerables vehí­culos de todo tipo con placas falsificadas (pregunten a cualquier vendedor de repuestos de la Terminal dónde fabrican placas «hechizas) y las autoridades no hacen nada para sancionar a los propietarios o controlar la producción de las matrí­culas falsas. Por otra parte, basta quedarse cinco minutos en una esquina de alta circulación para ver que muchas motocicletas circulan sin matrí­cula, o con el letrero «en trámite». ¿Es esto motivo de sanción? Claro que sí­, pero son tantas las violaciones que las autoridades se hacen de la vista gorda. Por lo tanto, los únicos que se verán tratados como ciudadanos de segunda serán los conductores de motocicleta con documentos regulados. ¿En qué cabeza cabe pensar que el sicariato utilizará motocicletas propias y en regla para ejecutar sus crí­menes? Es más fácil robar una motocicleta y comprometer a un propietario legí­timo. La medida resultará en que al asesinato de pilotos de buses se sume el asesinato de motociclistas, pues el golpe será sencillo: robar una moto, delinquir y cambiar vehí­culo.

De los sicarios se puede decir que: a) Portan armas ofensivas registradas POR EL GOBIERNO como deportivas, armas no registradas, armas propiedad de la Policí­a y armas de fabricación casera, todas ellas cargadas con municiones legalmente adquiridas en la armerí­a de la esquina; y b) En alto número son criminales reincidentes, beneficiarios de medidas sustitutivas y en muchos casos pendientes de captura desde hace años, gracias a la ineficiencia del aparato de seguridad y justicia.

¿No es acaso más sensato resolver la raí­z de los problemas antes de tomarla contra todos los motociclistas? Legisladores: no les parece que están haciendo el ridí­culo nacional e internacional con esta iniciativa, en vez de emitir las leyes que han tenido en su regazo por años: ley de armas y municiones y tipificación de delitos modernos, para mencionar apenas dos? ¿No deberí­a el Organismo Judicial asegurar que los Xitumules dejen de dar medidas sustí­tutivas legales pero inmorales? ¿no deberí­a exisitir sanciones por dejar de ejecutar órdenes de captura? ¿Por qué no se implementa el bloqueo de llamadas desde los centros carcelarios, y se retoma el control de los mismos para que dejen de ser el cuartel general del sindicato del crimen?

NO creo necesario seguir mencionando cambios al alcance de la mano, si la tienen libre y limpia. Es ridí­culo y dice muy mal de su «inteligencia» y «mano dura» el querer humillar y reprimir a los motociclistas como medio de enfrentar al sicariato. Empecemos por eliminar la laxitud en la prevención, persecución y castigo del delito. Las motocicletas no disparan y los chalecos reflectivos no obran milagros.