La Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) amenaza con abandonar la mesa de diálogo que conformó hace diez meses con el Ejecutivo si no se logran avances en la Ley de Desarrollo Rural y una Política de Desarrollo Agropecuario.
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A criterio de Hélmer Velásquez, director de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congecoop), e integrante de ADRI, el tiempo técnico de la mesa concluyó con dos resultados importantes: la propuesta de iniciativa de ley y la política de desarrollo, por lo que ahora esperan que los resultados sean políticos.
«Estamos en los márgenes del tiempo político y este no sólo está corriendo aceleradamente y nos ha sorprendido que el Gobierno no está promoviendo la ley en ningún sentido», dijo Velásquez.
PROCESO
A finales del año pasado las organizaciones sociales, indígenas y campesinas que se aglutinan en ADRI, entregaron al Ejecutivo la propuesta de iniciativa de Ley de Desarrollo Rural que fue consensuada en la mesa de diálogo conformada el pasado 30 de abril.
Leocadio Juracán del Comité Campesino del Altiplano, manifestó su preocupación porque la misma se entregó a la Secretaría General de la Presidencia para su revisión, no obstante, no ha sido presentada al pleno del Congreso.
SIN AVANCE
De parte del Gobierno, el secretario general de la Presidencia, Carlos Larios Ochaita, dijo que el documento fue remitido a la bancada oficial por el mandatario ílvaro Colom, y fue él mismo quien lo aseguró el 14 de enero, durante su discurso de entrega del primer informe de gobierno.
Larios Ochaita indicó que la propuesta fue remitida a la bancada oficial, para su revisión, aunque no precisó la fecha de su envío y recepción.
Juracán dijo que el compromiso del Ejecutivo fue la entrega al Congreso y su apoyo para la promoción de la ley en el Hemiciclo.
Por su parte, César del íguila, jefe de la bancada oficial, indicó que la iniciativa como tal no ha sido recibida por su bancada. Informó que «en breve», sería remitida por el Ejecutivo, puesto que el tema es «prioridad para el gobierno».
ACCIONES
A criterio de las organizaciones sociales, los magros resultados son «una muestra de debilidad y falta de interés de querer fortalecer el diálogo y abordar ambos temas».
«La respuesta gubernamental no está siendo coherente con la actitud de la dirigencia y la base campesina, ya que el Gobierno inició una serie de desalojos y una campaña demagógica de criminalización», refirió Velásquez.
Por último, Rafael González de la Coordinadora Nacional de Organizaciones y Campesinas (CNOC), comentó que darán un compás de espera hasta junio para que haya respuestas concretas, de lo contrario serán «las bases quienes decidan las medidas».