Si alguien tiene aún muchas dudas de cuán fallido es nuestro Estado, baste ver lo que ocurrió con el Acuerdo Ministerial 16-2009 del Micivi que establece las tarifas para las llamadas rutas cortas en atención a la reducción del precio de los combustibles. Ese instrumento legal, producto del trabajo de mesas de diálogo en las que participaron autoridades, usuarios y transportistas, fue publicado en el diario oficial, con lo que cobró vigencia de conformidad con nuestro ordenamiento legal, pero los empresarios del transporte se lo pasaron por el arco del triunfo tranquilamente y, para no dejar dudas y chantajear a la población, paralizaron algunas rutas como muestra de lo que le espera al usuario si el Gobierno se decide a ejecutar la normativa.
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El problema del transporte se está convirtiendo en una bomba de tiempo que tarde o temprano nos va a pasar la factura, puesto que si el Estado no tiene capacidad de regular el funcionamiento de las empresas, éstas seguirán esquilmando a la población hasta que se produzca un estallido por el otro lado. Porque la experiencia demuestra que si bien los empresarios pueden aprovecharse de su posición de fuerza cuando suspenden el servicio y la gente decide que es mejor pagar caro y tener servicio, también hemos visto cómo los pobladores, hartos de la situación y al ver que no les alcanza para satisfacer la ambición de los empresarios, decide tomar cartas en el asunto actuando de hecho y generando más caos y anarquía. No son para nada extraños los momentos en que los usuarios también actúan de hecho y en ocasiones hemos visto que arden buses por esa confrontación.
Idealmente el Estado tiene que ser el regulador actuando con criterios técnicos y así lo hizo y lo aceptaron tanto el usuario como los transportistas, cuando se produjo la crisis mundial del petróleo y los precios de los combustibles se dispararon en forma irracional como efecto de las maniobras especulativas. Pero cuando ese factor cambió, naturalmente tenía que ajustarse la tarifa a la nueva realidad, lo que se topó con una rotunda negativa de los empresarios que no quisieron renunciar a la ganancia adicional que estaban recibiendo. Y es que si los datos son correctos, se trata de alrededor de 750,000 usuarios que utilizan diariamente ese servicio, por lo que cada centavo de diferencia entre la tarifa aprobada y la tarifa que están cobrando es un montón de dinero y ya sabemos que las diferencias no son, tristemente, de centavos sino de varios quetzales.
El Estado, entonces, se muestra incapaz para hacer que se cumplan sus normativas y en ese sentido se ratifica que está de adorno y que no puede hacer valer su autoridad. Los empresarios se han sacado de la manga un montón de gastos que ahora presentan como adicionales, aunque ya eran parte de su giro ordinario cuando se produjo la crisis del petróleo, pero lo peor de todo es que no hay autoridad capaz de hacer cumplir la ley en defensa de los consumidores.
Debemos entender que esa forma de incumplir del Estado es lo mismo que pasa con la justicia, con la seguridad y prácticamente con todas las atribuciones estatales, puesto que desafortunadamente aquí prevalece en todo la ley del más fuerte. Hoy en día el más fuerte es el transportista, pero mañana puede ser el usuario si es que se le agota la paciencia y eso, al final, alienta la anarquía.