Varias organizaciones estadounidenses publicaron cientos de páginas de documentos revelando de nuevo la implicación del Pentágono en los excesos de la guerra contra el terrorismo de George W. Bush y alimentando el debate sobre la búsqueda de responsabilidades penales.

Tras más de cuatro años de esfuerzos jurí­dicos, el Centro para los derechos constitucionales, Amnistí­a Internacional y el Centro por los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York obtuvieron cientos de páginas de documentos oficiales gracias a la ley estadounidense sobre libertad de información (FOIA).

Estos documentos confirman la existencia de prisiones secretas de la CIA en Irak y Bagram, en Afganistán.

También muestran los lazos del Pentágono con la CIA en el «programa secreto de detención, transferencia y tortura», del cual el ex presidente estadounidense George W. Bush reconoció la existencia en 2006.

Por ejemplo, el Pentágono no registraba a sus prisioneros para que un tribunal militar decida si su detención era legí­tima hasta 14 dí­as después de su arresto, dejándoles en un vací­o jurí­dico durante ese tiempo.

Por otra parte según un correo interno fechado el 17 de febrero de 2006, una transferencia de detenidos a la prisión de la base naval de Guantánamo fue retrasada 45 dí­as para que «las cosas se calmen, sino los detenidos podrí­an ser recibidos como héroes a su llegada».

A propósito de ese correo, un portavoz del Pentágono, Jeffrey Gordon, estimó ayer que esto «no corresponde a la polí­tica oficial del Departamento de Defensa», ya que forma parte de un proceso de comunicación interna.

Durante una conferencia de prensa, las tres organizaciones recordaron que estos documentos no eran más que «la punta del iceberg».

«Queremos saber quién sabí­a qué de este programa y cuando, quién autorizó qué y cuando, y queremos también saber quien desapareció en el marco de este programa», declaró Margaret Satterthwaite, directora del Centro para los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York.

Por su parte la Aclu, organización de defensa de las libertades civiles, obtuvo, también por la ley FOIA, documentos que atestiguan la existencia de investigaciones del Departamento de Defensa sobre torturas, malos tratos y a veces muertes de detenidos durante interrogatorios en Bagram y en varias prisiones de Irak.

El comportamiento del personal militar era «claramente excesivo y no conforme a las reglas de interrogatorio en vigencia», asegura el Pentágono en un reporte.

Estas revelaciones, que se suman a varias ya conocidas, surgen cuando un sondeo publicado ayer en el periódico USA Today muestra que dos tercios de los estadounidenses están a favor del inicio de una investigación criminal, realizada por una comisión independiente.

Se trata de determinar responsabilidades en el seno de la administración Bush en la práctica de tortura, las escuchas telefónicas sin autorización judicial tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 y sobre la utilización del Departamento de Justicia con fines polí­ticos.

«Si se cometieron crí­menes, y hay abundancia de pruebas, entonces las personas que cometieron esos crí­menes deberí­an ser llevados a la Justicia, es tan simple como eso», estimó Michael Ratner, presidente del Centro para los derechos constitucionales en un comunicado.

El lunes, el presidente estadounidense Barack Obama repitió a la prensa: «mi posición general es de decir: (…) demos vuelta la página», pero no lanzó investigaciones judiciales en casos de crí­menes comprobados.