Uno se cansa de criticar a los malos funcionarios y políticos indecorosos que proliferan en nuestro medio y son pocas las ocasiones en que se puede y debe reconocer la responsabilidad y sentido del deber de algunas de las figuras públicas en el país. No es casualidad que tenga uno que repetir el reconocimiento a la labor que viene realizando la diputada Nineth Montenegro, puesto que ha entendido a cabalidad su papel en el Congreso de la República y no sólo es la única que realiza una labor de fiscalización digna de tal nombre, sino que además ejerce su privilegio de proponer leyes en cuestiones realmente sensibles.
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Antes fue, junto a Rosa María de Frade, la propuesta para la Ley de Acceso a la Información y ahora nos trae a colación un asunto que debemos considerar crucial, de tanta o mayor importancia que esa ley de acceso a la información, porque tiene que ver con un nuevo esfuerzo por enderezar todo el sistema de justicia en el país, así como el de verificación y control. En efecto, la diputada Montenegro propuso una ley para normar la forma en que deben realizar su trabajo las comisiones de postulación que por mandato constitucional se integran para designar a los candidatos a cargos de magistrados, fiscal y contralor.
De alguna manera me siento responsable por la forma en que se terminó contaminando al mundo académico con la más sucia política porque fue en el Consejo de Estado en tiempos de Ríos Montt cuando con Amílcar Burgos trabajamos en el diseño de las llamadas leyes políticas y se nos ocurrió entonces, para sustraer la designación de la autoridad electoral al manoseo político, pensar en una Comisión de Postulación que se integrara por representantes del mundo académico. Rectores, decanos de las facultades de derecho y representantes del Colegio de Abogados nos parecieron los más indicados para hacer una propuesta que tomara en cuenta la capacidad técnica y la ética de los postulados porque nadie mejor que ellos para conocer a sus colegas.
En ese mismo Consejo de Estado estaba con nosotros César Augusto Toledo Peñate, el «Muñeco» Toledo, gran amigo y maestro de quien aprendí mucho. í‰l repetía hasta el cansancio aquella célebre frase de que «hecha la ley, hecha la trampa» y recuerdo que cuando conversamos sobre la comisión de postulación para el Tribunal Supremo Electoral, idea original de donde vienen las demás, me dijo que le parecía que era una buena iniciativa, aunque no debíamos olvidar lo que él tanto repetía.
Y desafortunadamente no se depuró el proceso de selección de funcionarios, pero sí se corrompió el mundo académico en el que se empezó a jugar política de grandes ligas, con los mismos intereses bastardos que caracterizan nuestra política criolla. Los mismos grupos de poder, que antes no reparaban en la elección de un decano o de un colegio profesional, les pusieron el ojo porque allí está la clave para controlar al poder judicial, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas y, en resumen, todo el estamento de justicia y control.
Las comisiones cierran espacio para la gente honesta y restringen las listas a los que están en la jugada. Cambiar su proceder es un reto que pasa por hacer públicas sus deliberaciones y audiencias y por modificar todo el proceso de selección. Por eso es tan buena la iniciativa de Nineth.