«¿Sabrí­a usted decir si mi hermano murió en ácido?»


Martha de la Rosa Sánchez pide ayuda para financiar la investigación del desaparecimiento de su hermano polí­tico Juan Manuel López, en Tijuana. FOTO LA HORA: AFP Said Betanzos

Martha de la Rosa Sánchez quiere saber si su cuñado desaparecido es uno de los más de 300 cadáveres que Santiago Meza López, «El Pozolero», deshizo en ácido por encargo de un narcotraficante en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.


Su familiar desapareció el 26 de septiembre de 2008 «y desde ese dí­a no encontramos ni huellas, ni su carro, ni nada. No hay ni una pista para dar con él», explicó la mujer.

De la Rosa Sánchez se unió a la Asociación Ciudadana Contra la Impunidad (ACCI), que reúne a familiares de personas desaparecidas en los municipios de Tijuana, Rosarito y Tecate (ciudades limí­trofes con Estados Unidos), área donde operaba «El Pozolero» (por el pozole, un guiso popular en México).

Meza López, quien fue detenido el mes pasado en Tijuana y dijo estar arrepentido, confesó que en los últimos nueve o diez años disolvió en ácido los cuerpos de unas 300 personas por encargo de un narcotraficante que le pagaba 600 dólares semanales.

«Me uní­ a la asociación, para saber si alguno de los cuerpos que deshizo ese señor es nuestro familiar», dijo la mujer, que sospecha que tal vez su cuñado, Juan Manuel López, sea una de las victimas de Meza López.

La mujer dijo que a su marido «le habí­an sacado una prueba de sangre, pero fuimos a la PGR (Procuradurí­a General de la República) y nunca nos han dado los resultados», por lo que ella y otras familias comenzaron a pedir dinero en las calles de Tijuana.

De ese modo, esperan reunir 7.000 dólares para comprar un software que sea utilizado por la PGR y la Procuradurí­a del estado de Baja California para que puedan cotejar el ADN de un familiar con el que logren obtener de algún resto óseo que recuperen de las fosas donde Meza López arrojó restos humanos.

Esta búsqueda de recursos es encabezada por la ACCI, que preside Cristina Palacio de Hodoyán, quien quiere saber qué le sucedió a su hijo Alejandro Hodoyán Palacios, desaparecido en marzo de 1998.

«Desde que sucedió la detención de este sujeto se han acercado alrededor de 40 familias» que tienen parientes desaparecidos, dijo.

«Nosotros los hemos llevado a que se hagan el examen de ADN a la Procuradurí­a y que pongan su denuncia», comentó.

Ante las dificultades para reunir el dinero, dijo Palacios, decidieron crear la Fundación Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Secuestradas para obtener recursos de organismos internacionales destinados a comprar el software para hacer comparaciones de ADN.

«Tenemos muy claro que a las 300 personas (que deshizo Meza López) no se las va a poder identificar, con que salieran tres, cuatro, con eso nos basta», señaló.

Otra esperanza que tienen estas familias es que «El Pozolero» identifique a sus ví­ctimas con la ayuda de fotografí­as, las que le entregará el miércoles próximo, Fernando Ocegueda Flores, secretario general de la ACCI.

«Le vamos a hacer llegar como 150 fotografí­as. Para que ahorita que está arraigado (detenido) en la ciudad de México, se proceda al interrogatorio y enseñarle las fotos para ver si logra reconocer a alguna de las personas que andamos buscando», declaró.

Primero, dijo, se reunirá con Marisela Morales, subprocuradora Contra la Delincuencia, para después darle los álbumes ya que «hay disponibilidad de este señor (Meza López) para cooperar, ése es el incentivo que tenemos».

Por su parte, el procurador de Justicia en Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, mencionó que están en toda la disponibilidad de ayudar a estas familias, pero que «hasta el momento no se ha encontrado un resto humano que pueda ser parte de la investigación».

Con el software se podrán «encontrar perfiles genéticos, pero para compararlo se requieren sustancias, lo que hasta ahora se está buscando, como son una osamenta o un pelo para comparar», señaló.

El gobierno mexicano a través de la PGR, explicó, espera que «el FBI (buró federal de investigaciones de EEUU) done un sistema que permitirá realizar estas comparaciones, pero por ahora se está en los trámites».

MUERTES Jornada violenta


Al menos 39 muertos en las últimas horas es el saldo de la jornada más violenta de 2009 en México, 21 de ellos en dos choques sucesivos entre sicarios y militares en el estado norteño de Chihuahua (fronterizo con Estados Unidos), dijeron ayer autoridades locales.

Los choques que dejaron 21 muertos, incluido un militar, se registraron en el municipio de Villa Ahumada (a 130 km de Ciudad Juárez), donde un comando armado asesinó a seis de las nueve personas que habí­a secuestrado al verse perseguidos por militares.

Tras la masacre, el grupo de delincuentes se dividió y una parte se enfrentó «al Ejército, muriendo siete sicarios y un militar», dijo en conferencia de prensa el portavoz del Operativo Conjunto militar Juárez, Enrique Torres Valadez.

Poco después, soldados alcanzaron al segundo grupo, mataron a siete presuntos criminales más y lograron liberar a los otros tres secuestrados, confirmó Torres Valadez.

En otros episodios de la guerra que sostienen en Chihuahua dos cárteles de la droga por el control de los mercados, diez personas fueron asesinadas, incluido un hombre en Ciudad Juárez cuando era trasladado herido en una ambulancia de la Cruz Roja que fue abordada por un grupo armado.

La creciente disputa se da entre el cártel que da nombre a la ciudad, dirigido por los Carrillo Fuentes, y el de Sinaloa, liderada por el prófugo Joaquí­n «El Chapo» Guzmán.

Un total de 1.656 personas murieron asesinadas en Ciudad Juárez en 2008, dentro de un saldo total en México de más de 5.300 ejecutados el año pasado, pese al despliegue en todo el paí­s de más de 36.000 militares para luchar contra el crimen organizado.

También en el norte de México, un comando armado ingresó el lunes a una cárcel de Torreón, en el estado de Coahuila, donde asesinó a tres reos y liberó a nueve.

Ocho sujetos vestidos de negro con pasamontañas inmovilizaron a un guardia, fueron en busca de los tres reos y los mataron «a golpes con objetos contundentes para luego prenderles fuego», indicó la secretarí­a de Seguridad Pública de Coahuila.

Después, los sicarios «sustrajeron a nueve reos del orden federal con los que abordaron la camioneta para alejarse con rumbo desconocido», añadió.

Las ví­ctimas habí­an llegado el lunes al penal y estaban acusadas de secuestro y homicidio, mientras que los fugados purgaban penas por delincuencia organizada.

La violencia se extendió también este martes al estado de Baja California (noroeste) con la ejecución de un aviador con tres ráfagas de metralleta cuando salí­a de su casa en su automóvil.

«Presumimos que es cuestión del narcotráfico porque él piloteaba avionetas de dudosa procedencia», dijo a la prensa local Levin Rodrí­guez, secretario de Seguridad Pública estatal.

Además, en Tepotzotlán, Estado de México (centro), se halló un coche con dos cadáveres decapitados junto a sendas cabezas humanas y a un mensaje con amenazas, dijo a la AFP un portavoz de la procuradurí­a estatal que no reveló el destinatario del texto.

Otros dos hombres murieron acribillados en el estado de Guerrero (sur), informó la secretarí­a de Seguridad Pública estatal.