Las preocupaciones expresadas por el Mirador Electoral respecto a la debilidad de las autoridades encargadas del control de los partidos políticos y del sufragio, es compartida por casi toda la población. En efecto, el Tribunal Supremo Electoral es una pieza clave no sólo dentro de la democracia a que todos aspiramos, sino que también para garantizar la paz social en el país, sobre todo ante la evidencia de que son demasiadas las fuerzas que están tratando de jugar la vuelta a las normativas y que no vacilarían en recurrir a procedimientos discutibles para hacerse o quedarse con el poder.
Cuando se dispuso la creación del Tribunal Supremo Electoral, antes de que se instalara la Constituyente de 1985, se pensó en una entidad con suficiente autonomía del Gobierno y suficiente poder para garantizar la pureza electoral. Con altibajos, el objetivo se ha logrado aunque sea con base en una ilusión del colectivo social, puesto que antecedentes como el del apagón en la elección del 96 no pueden pasarse por alto. Pero nunca como ahora se había visto el desplante de las organizaciones partidarias para reírse de las decisiones del TSE y para hacer lo que les venga en gana.
Creemos que por el bien de la democracia y por la seguridad interna del país, el Tribunal Supremo Electoral debe enderezar el rumbo y ejercer su autoridad con todo el vigor que le permite la ley. De lo contrario, de seguir con la anarquía actual, estamos sembrando vientos de seguras tempestades que han de vivirse al año próximo y por ello la advertencia formulada por ese grupo conocido como Mirador Electoral es importante y digna de tomarse en cuenta. Efectivamente, hace falta que el TSE rescate su prestigio y rescate su autoridad como garante de la pureza del proceso de elecciones en el país. Es indispensable que el Tribunal Supremo Electoral asuma su condición de ente regulador de las organizaciones políticas para impedir los desmanes que ya estamos viendo.
La democracia en Guatemala es muy frágil, pero no olvidemos que la misma ha sido producto de múltiples esfuerzos de mucha gente, incluyendo varias muertes de ciudadanos que podemos considerar como mártires del proceso. Y sería penoso que por debilidad institucional y falta de visión personal de quienes hoy están al frente del Tribunal Supremo Electoral, todo ese esfuerzo y empeño quedara truncado sin permitirnos dar el salto para avanzar hacia la transición efectiva a un sistema en el que exista más participación ciudadana y responsabilidad cívica, expresada a través de los partidos políticos legalmente organizados y que, en su carácter de entidades de derecho público, son los llamados a ser ejemplo de apego a la ley, de acatamiento de la autoridad responsable y del ejercicio serio de las libertades. La debilidad del TSE no beneficia a nadie y por lo tanto es algo que tenemos que cambiar.