El Parlamento Europeo dio hoy su acuerdo de principio para una normativa destinada a luchar contra la inmigración ilegal, que contempla sanciones para las empresas y los particulares que empleen a extranjeros sin residencia legal.
Sin embargo, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo, este de Francia, decidieron postergar la adopción formal de la ley para su próxima sesión plenaria y exigieron obtener de los 27 una «declaración», garantizando que en el futuro será posible votar otras leyes contra las «subcontratistas» de mano de obra ilegal.
Los dispositivos aprobados por una amplia mayoría confirman en primer término un compromiso negociado entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE).
Pero sobre todo, armoniza las sanciones, administrativas, financiera e incluso penales para los casos más graves de empresarios «negreros» y las redes de trata de seres humanos.
La ley tienen por objetivo: «obligar a los Estados a establecer sanciones similares y a vigilar que se apliquen efectivamente», destacó el comisario europeo de Justicia Jacques Barrot.
Sólo 19 de los 27 países de la UE aplican actualmente sanciones penales y las multas son muy variables.
Entre 4,5 y 8 millones de indocumentados trabajan de manera totalmente ilegal en la construcción, la hotelería y la agricultura en la UE, estiman los diputados.
Además, quedan implicados, según el texto, todas las personas que hayan recurrido a los servicios de inmigrantes clandestinos como empleados domésticos, que también estarán obligados a asegurarse que sus empleadores están en situación regular.
Las empresas, como también las subcontratistas directas quedarán expuestos a sanciones administrativas como la exclusión o la obligación reembolso de las ayudas públicas, la exclusión de los mercados públicos durante cinco años, o el cierre del establecimiento.
También serán pasibles de sanciones financieras, como multas, o el pago del costo del viaje de regreso del extranjero indocumentado a su país de origen.
Todo ésto, sin excluir las sanciones penales para los casos más graves, como la reincidencia, el empleo de un número particularmente elevado de clandestinos, de la imposición de condiciones de trabajo abusivas o el empleo deliberado de personas víctimas de la trata de seres humanos.
El texto también establece la obligación de pagar los salarios y las cotizaciones sociales atrasadas según las condiciones legales.
Si los clandestinos son expulsados, no habrá «ninguna garantía de que los pagos se efectúen» señaló el eurodiputado verde británico Jean Lambert, cuyo grupo votó en contra de la norma.
En nombre de los comunistas, el italiano Giusto Catania denunció un texto «que se inscribe en la línea de la directiva del retorno», adoptada el año pasado para unificar las reglas de expulsión de los indocumentados de la UE.
En la línea de la lucha contra la inmigración clandestina, Francia anunció hoy que los extranjeros en situación irregular en el país que denuncien las redes de inmigración clandestina podrán obtener un permiso de residencia provisorio.
El texto del Parlamento europeo impone a los Estados el otorgamiento de un título de residencia sólo cuando los trabajadores son menores de edad, víctimas de explotación grave o de trata de seres humanos, y los deja libres para adoptar o conservar legislaciones que inciten a denunciar a los victimarios.
El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, anunció hoy que el gobierno dará permisos de residencia provisorios a los extranjeros en situación irregular en Francia que denuncien las redes de inmigración clandestina.