Mientras Carlos Castresana, jefe de la CICIG, explicaba hoy las razones para la orden de captura de ílvaro Matus, éste se entregaba voluntariamente en la Torre de Tribunales.
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ílvaro Matus se presentó voluntariamente al juzgado Séptimo de Primera Instancia, tres días después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitara su captura por negligencia en el manejo de la escena del crimen del caso Víctor Rivera.
Matus fungió como fiscal de Delitos contra la Vida, durante la gestión de Juan Luis Florido como Fiscal General del Ministerio Público (MP)
La CICIG afirma que Matus incurrió en una serie de elementos incriminatorios que concluyeron -más que en negligencia-, en «una conducta reiterada de destrucción de pruebas para encubrir a los asesinos».
En la Torre de Tribunales, los abogados del ex investigador del MP aseguran que el caso debió ventilarse por la vía administrativa y que los ilícitos detallados en la orden de captura «son contradictorios».
ENTREGA
Cuando corrían los primeros quince minutos de las nueve de la mañana, Matus llegó al 4º. nivel de la Torre de Tribunales, donde presentaría su primera declaración, luego que la citada judicatura girara el pasado viernes la orden de captura en su contra por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
A su ingreso al juzgado, el ex fiscal del MP se negó a dar declaraciones; «Lamento mucho no poder dar ninguna declaración, pero es asunto de mis abogados y una decisión personal», manifestó.
Matus llegó en compañía de Jorge Luis Donado, ex fiscal contra el Crimen Organizado, Guillermo Alonzo, ex Secretario de Coordinación Técnica del MP, y Milton Miranda, litigante, quienes ejercerán su defensa.
El ex fiscal de Delitos contra la Vida gozó de la compañía de decenas de abogados particulares, así como de fiscales actuales del MP, pese a que el sindicado tiene meses de no laborar en la institución.
IMPUTACIí“N
Carlos Castresana, jefe de la CICIG, declaró esta mañana en una entrevista en Emisoras Unidas, que la entidad que preside puede probar que hubo manejo «negligente» en la escena del crimen contra Víctor Rivera, ex asesor del Ministerio de Gobernación, quien fue asesinado el 7 de abril último.
«Lo que podemos probar, a mi modo de ver, es que no sólo hubo un manejo negligente, sino de un manejo deliberadamente tendiente a no averiguar los hechos en el momento de la escena del crimen, una estrategia que continúa durante las semanas y meses posteriores y que conduce deliberadamente la investigación a un callejón sin salida», declaró Castresana.
El comisionado de la CICIG enumeró una serie de hechos que a su criterio obstruyeron la justicia en el caso de ese asesinato, asegurando que existe un video de la escena del crimen donde se aprecia que dentro del vehículo de Rivera hay un maletín, el cual desapareció; «hay toda una serie de carpetas de documentos llenas de estos y después aparecen vacías», dijo.
Castresana añadió que no se efectuaron los allanamientos por el caso de Víctor Rivera y refirió que Matus prohibió una de esas diligencias, pese a que tenía «ya la orden judicial en la mano», y enfatizó que otros cateos se hicieron 20 días después en «locales» cuya llave estaba en manos de Matus.
También citó que los desplegados telefónicos no se pidieron a tiempo y que cuando se solicitaron, se informó que «la compañía ha destruido esos archivos».
Otro punto de incriminación puede ser que «hay declaraciones que desaparecen, informes de necropsia que desaparecen. Toda una serie de elementos incriminatorios», según explicó el titular de la CICIG.
«Esto no es sólo negligencia, es una conducta reiterada de destrucción de pruebas para encubrir a los asesinos; de eso estamos hablando», concluyó Castresana.
DEFENSA
Miranda, uno de los abogados de Matus, declaró: «Las acusaciones formuladas por la Fiscalía se caen por sí solas, son incontundentes. Siempre hemos considerado que se deben discutir en la vía administrativa y no en la penal, porque alegan que él (Matus) limitó el actuar de fiscales con el simple hecho de darle órdenes», indicó.
El jurista solicitó durante la audiencia la falta de mérito en favor del ex fiscal, y previamente refirió que «se ha malinterpretado la libertad bajo fianza y la falta de mérito, pero es una exigencia al debido proceso», expresó.
Miranda dijo, finalmente, que la imputación a su patrocinado era «armada» y argumentó que el proceso se creó del 27 al 29 de enero, sin que su cliente tuviera «derecho a defenderse», concluyó.