Los supuestos invasores de la Laguna del Tigre, rechazaron estar ligados al narcotráfico, tal como se les imputa.

Miembros del Comité de Ruta, que aglutina a 37 comunidades que habitan en el Parque Nacional Laguna del Tigre, rechazaron la criminalización en su contra, y pidieron que se discutan reformas a la Ley de íreas Protegidas, así­ como la instalación de una comisión paritaria, que determine la existencia de varias comunidades.

Carlos Alcántara, representante de las comunidades imputadas, rechazó nuevamente que estuvieran ligados al narcotráfico, como lo asevera la versión oficial y las declaraciones de ayer de algunos ambientalistas.

Alcántara forma parte de la comunidad El Vergelito y Santa Amelia, las cuales, según la Gobernación de Petén y el Consejo Nacional de íreas Protegidas, no existen dentro del mapa del departamento.

Los comunitarios manifestaron que los aproximadamente 700 kilómetros que hay de la capital hacia la Laguna del Tigre, existe un abismo de desinformación sobre los hechos violentos que se suscitaron el pasado 26 de enero, en la supuesta «operación de rescate» que las autoridades describen que realizaron para liberar a dos guardarrecursos.

Edgar Hidalgo, otro miembro de las comunidades, pidió que en la reunión que se tendrá el próximo 27 de febrero entre autoridades locales y representantes de organizaciones campesinas, se discuta la situación en la que quedaron 163 familias desalojadas el 20 de enero de El Vergelito, en San Andrés Petén. Vergel

Asimsimo, exigen que se investigue el paradero de personas que presuntamente estarí­an desaparecidas a raí­z del desalojo violento de las fuerzas de seguridad del Estado. Ayer, en el Congreso, durante una reunión con el gobernador Rudel ílvarez, la representante del CONAP, Claudia Santizo y campesinos se sentaron las bases para un diálogo.