Otra reforma comentada por el columnista Mario Antonio Sandoval, es la de los recursos que debe otorgarse a los partidos políticos, no «en concepto de premio por cada voto electoral obtenido» sino como financiamiento democrático, calculado en base al número de electores que simpatizó con la propuesta electoral de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República.
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El tema merece preguntar ¿qué es lo que se desea? Un sistema político subordinado a la cúpula económica del país, que es la que sin duda alguna financió a í“scar Berger y que en buena parte financió a otros candidatos en la elección anterior, o que no existan grandes patrocinadores económicos y que por consiguiente los gobiernos, las personas que queden electas no tengan que devolver y pagar a través de privilegios, de concesiones y de favores a quienes fueron los financistas de las campañas de los candidatos o de los partidos.
Las principales democracias, las más desarrolladas han aprendido que lo barato sale caro, saben que aunque no es el ideal, es mucho más conveniente financiar el sistema democrático de partidos a través de los impuestos y no que se pueda decir «gallo paga». La diputada es «la diputada Campero» o el partido es «un partido empresarial», con nombres, dueños y apellidos.
Tampoco se puede pretender que los medios de comunicación social donen el tiempo en televisión, en la radio o en los periódicos porque si bien son el cuarto poder, son empresas lucrativas que tienen todo el derecho de cobrar por el espacio que se les pauta.
La democracia no es un paraíso. Ningún empresario desea precios topes, nadie critica que un medio impreso que antes se vendía en 25 centavos ahora se venda en tres quetzales. La inflación, el aumento de costos, el mantenimiento, incluso el incremento de porcentajes de utilidades hacen que toda actividad humana cambie de valor.
La deuda política que se estableció originalmente en la Ley Electoral y de Partidos Políticos tiene que indexarse y periódicamente aumentarse, evitándose que los partidos políticos dependan de los grandes empresarios que no regalan nada, invierten en un derecho de picaporte, financian para poder requerir y proponer ministros, secretarios y funcionarios que en muchos casos no buscan el bien común, sino el bien particular, el bien individual o la riqueza de quienes les compraron el espacio.
Las circunstancias, las experiencias vividas hacen considerar que el financiamiento público es el mal menor, que los recursos se entreguen bajo parámetros transparentes, evitando la subordinación económica de los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y partidos políticos, eliminando la dañina existencia de poderes o dueños ocultos, personas privadas que desnaturalicen la independencia de los gobiernos de turno.
En síntesis, comparto: a) Que la cifra repartidora de representatividad de población debe aumentarse para hacer más representativo al diputado; b) Que la carrera parlamentaria no debe ser interrumpida porque ello implica perder a los diputados de mayor experiencia, aspecto en el que coinciden democracias como la norteamericana, donde el Congreso cuenta con diputados que se han reelecto muchas veces y el Senado con senadores como Kennedy, McKein, Dod que llevan ya varios periodos; la experiencia no se improvisa y c) El ideal es que en el futuro no se vote por listas sino por personas específicas, superando el actual sistema donde se vota por plancha o planilla. Esto permitirá una representación directa y un mejor vínculo entre los diputados y sus electores.