En los días transcurridos después del inicio del segundo año de Colom, se han recibido noticias sumamente descorazonadoras: el día 19, Santos Mendoza, de DIWN, y Rosa Par fueron atacados a tiros en Sololá; el 22, comenzó un movimiento militar en la Laguna del Tigre, el Petén, para desalojar a la comunidad del Vergelito, con saldo de dos personas muertas; el 23, Santiago Pérez Domingo y María Ordóñez Méndez, de Mojomayas, fueron salvajemente asesinados en Huehuetenango; el 25, el reverendo José Pilar ílvarez Cabrera, quien ha estado amenazado de muerte, fue capturado por la PNC en Zacapa bajo falsas acusaciones; y el 26 de enero, sindicalistas del Perú se dirigieron al presidente Colom para pedir garantías para la lideresa sindical Irma Judith Montes, en Coatepeque, acosada varias veces, en donde el 23 de diciembre pasado fue vilmente asesinado el licenciado Armando Sánchez Bethancourt.
¿Qué está ocurriendo, presidente Colom? Mientras los criminales actúan a sus anchas, policía y ejército atacan a los líderes y activistas del movimiento social. A su vez, la violencia criminal es aprovechada por fuerzas oscuras para asesinar a quienes se atreven a recurrir a la organización comunitaria, sindical, campesina o indígena. Esto no puede continuar, a menos que se quiera provocar un estallido social. Ayer llegó la noticia del linchamiento de un hombre acusado de atacar a un grupo de jóvenes en la propia capital. No puede ser esta la fórmula para enfrentar la violencia y la inseguridad; el Estado debe cumplir su obligación fundamental. Además, el Estado debe cumplir con el texto y el espíritu de los Acuerdos de Paz, que es la búsqueda del diálogo y la negociación como mecanismo para resolver diferencias.
¿Qué pasa con la Copredeh y la Secretaría de la Paz? ¿Es su función lavarle la cara al Gobierno de turno y buscar financiamiento internacional? Ese fue el papel asignado por los gobiernos civiles post-conflicto, los cuales, lejos de hacer cumplir los acuerdos, simplemente se aprovecharon de ellos para agenciarse fondos de la comunidad internacional. Según el proyecto de consolidación de la paz, estas dos entidades tienen como objetivo principal evitar la confrontación entre partes en disputa y garantizar que las entidades del Estado no cometan violaciones de derechos humanos. Esto ha estado ausente y si los funcionarios que las dirigen encuentran que su labor no es posible tienen solamente dos caminos a seguir: pedir al Presidente políticas enérgicas al respecto o renunciar.
Es inaceptable que el Presidente ignore el criterio de que los derechos humanos son eje fundamental de cualquier democracia y que son aplicables a todos y cada uno de los habitantes de un país. Si este principio se traiciona, aunque los discursos sean elocuentes, no tendremos más remedio que volver a la denuncia internacional y perfilar al Estado de Guatemala como falto de capacidad y/o voluntad para hacer que los derechos humanos se respeten plenamente. Esto, lógicamente, tendría sus costos. Ya en una ocasión se descarriló la candidatura de Guatemala al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy, la situación de violencia, inseguridad y violaciones de derechos humanos en nuestro país es todavía peor. La hora de actuar es ya.