Pocas veces se ha visto tanta indignación como la que provocó la resolución judicial que ligó a proceso a cuatro secuestradores capturados cuando conducían a su víctima en un vehículo simplemente por el delito de detención ilegal que tiene una pena mínima de prisión. Se trata de delincuentes desalmados que realizan los llamados secuestros rápidos que no por ello son menos terribles que los de mayor duración, puesto que lo único que varía es el monto del rescate, pero no el riesgo para la vida de la víctima.
Cuando uno ve esas deficiencias legales entiende por qué estamos tan mal y por qué es que tantos guatemaltecos desisten de recurrir al sistema de justicia para resolver sus litigios y prefiere hacerlo por propia mano. Cualquier víctima de secuestro, sea rápido o de mayor duración, que ha sufrido el trato inhumano y cruel que les dispensan estos criminales, se tiene que sentir burlada cuando ve que la justicia les puede condenar, a lo sumo, a tres años de prisión que entre conmutas y rebaja de penas pueden volverse a lo sumo un año tras las rejas para que salgan nuevamente a continuar con sus acciones contrarias a la sociedad.
El secuestro, sea rápido o de cualquier tipo, tiene que ser severamente castigado en Guatemala y los tribunales no tienen excusa para aplicar la ley porque en este caso si no se consumó la petición de rescate fue por la pronta intervención de la Policía. ¿Acaso hay que someter a las víctimas al sufrimiento de las jornadas de negociación con los delincuentes para que se pueda tipificar el delito? Definitivamente no es tal el espíritu de la ley y en casos como el presente, en el que se da la situación de delito flagrante, cuando los sindicados fueron capturados llevando a la víctima del hecho ilícito, el absurdo salta a la vista y desnuda la idiotez de nuestros fiscales y jueces para administrar la justicia.
No faltarán los abogados de la Defensa Pública que se apunten para defender a estos criminales porque se sabe que muchos de ellos están lucrando al defender a miembros del crimen organizado que pagan a los litigantes que se apuntan para su defensa.
No nos sorprendamos si el día de mañana resurge la terrible limpieza social, puesto que si los fiscales y los jueces no se ponen los pantalones para actuar con decencia en la administración de la justicia, irán surgiendo grupos de vengadores que traten de actuar por su cuenta. La grave responsabilidad de los operadores de justicia está a la vista y si ellos fracasan por su torpeza, falta de entendimiento o corrupción, serán causantes de más caos y anarquía en el país.