Esta perversa concatenación no es una aseveración de mi parte, sino que es una hipótesis bien fundamentada por el abogado Manasés Salazar, como consecuencia de la experiencia acumulada en su calidad -hasta la semana pasada- de defensor jurí­dico de la niñez y la adolescencia, de la Casa Alianza de Guatemala, que está por finalizar sus actividades por falta de financiamiento.

Salazar parte del criterio que persisten las causas que dieron origen a la guerra interna y que presenta crudas manifestaciones de pobreza, hambre, enfermedad, ignorancia, exclusión y otros males sociales que han colocado en circunstancias de vulnerabilidad a adolescentes y jóvenes de las clases populares, provocando que muchos de ellos sean fácilmente cooptados por pandilleros o el crimen organizado, para utilizarlos en la comisión de hechos delictivos, como lo demostró un estudio realizado por la Universidad Centroamericana, de El Salvador, que es aplicable tanto al vecino paí­s como a Guatemala, por sus caracterí­sticas comunes.

En lo que respecta al caso guatemalteco, Salazar infiere que existen poderes ocultos que materializan un Estado paralelo que desafí­a la gobernabilidad, al impulsar la impunidad y debilitar las acciones de los organismo estatales, puesto que la anarquí­a les garantiza el logro de sus objetivos ilegales, sin sufrir las consecuencias penales.

Frecuentemente -agrego yo- leemos en los medios impresos que jóvenes delincuentes han sido utilizados por bandas de criminales para cometer asesinatos, convertidos en sicarios, ante la eventualidad de que si son capturados y sentenciados, las penas que se les imponen judicialmente son leves, tomando en consideración que siendo menores de edad son inimputables.

Agrega el analista que la muerte violenta, recurrente y sistemática de pilotos de autobuses urbanos -y en menor escala de extraurbanos- y los efectos que estos crí­menes provocan, «parecieran ser un esfuerzo de grupos poderosos que les permiten mantener de forma continuada estos hechos delictivos, en vista de que sabiendas de que la paralización del servicio del transporte colectivo y la zozobra que crea, tiene un fuerte impacto en la población y causa un severo desgaste polí­tico» al actual régimen.

Adicionalmente, las medidas neoliberales adoptadas por gobiernos anteriores debilitaron al Estado y provocaron que las instituciones afronten dificultades para controlar las acciones delictivas, y de ahí­ que se hace necesario apoyar a la Cicig, a fin de que sus investigaciones contribuyan a desenmascarar a los grupos que impulsan esta clase de delitos, además de fortalecer al Ministerio Público y al Inacif.

El informe mencionado señala la necesidad de implementar polí­ticas de atención social que permitan atender a las clases más desafortunadas, para superar la pobreza y la pobreza extrema, con lo que se reducirí­a la vulnerabilidad de los adolescentes y jóvenes cooptados para la comisión de delitos; así­ como fortalecer la Policí­a Nacional Civil, formando cuadros ajenos a la arbitrariedad, el abuso de poder, la corrupción y la impunidad, además de la formulación de una renovada polí­tica penitenciaria que fomente la modernización del sistema, de acuerdo con estándares internacionales para el tratamiento de reclusos, y que permita restablecer el orden dentro de los centros penales, a lo que debe añadir la depuración, capacitación y especialización del personal penitenciario, para poder crear un ámbito favorable a la rehabilitación de los internos.

Manasés Salazar señala que, gran medida, el futuro de Guatemala depende de superar la situación de exclusión, violencia y autoritarismo, lo que implica unir esfuerzos entre la sociedad civil organizada y el Estado.

(Un piloto de autobús cuenta a Romualdo este chiste de pésimo gusto: -¿Sabés por qué mataron al chofer que le decí­an Kung Fu? -No, ¿por qué? -Porque lo cunfundieron).