Una de las acciones mencionadas en el informe del primer año de Gobierno de ílvaro Colom es la instalación del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, dentro del que se enmarcó la Mesa de Negociación con el movimiento social campesino. Producto de ese diálogo, desarrollado en 2008, se tiene formulada y consensuada entre gobierno y organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas, una propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral.
En la gestión gubernamental del FRG, a partir de recomendaciones del Grupo Consultivo sobre Guatemala, se estableció una mesa de discusión sobre la problemática agraria y el desarrollo rural. El gobierno de la Gana también generó, en una parte de su gestión, el espacio de concertación sobre el tema; en ambos casos los productos reales obtenidos en beneficio de la población rural del país, fueron muy limitados. Durante más de seis años de diálogo las organizaciones del campo, de pequeños empresarios rurales, centros académicos como la Facultad de Agronomía de la Usac y partidos políticos hicieron propuestas serias, científicamente sustentadas en busca de crear el marco institucional que garantice apoyo y fomento de la producción y la economía campesina. El sector empresarial agrícola organizado en la Cámara del Agro deslegitimó, en cada proceso, los esfuerzos de discusión y se negó a enfrentar el problema de la tenencia de la tierra como una dificultad estructural que inviabiliza el desarrollo nacional. Campesinos y campesinas sin apoyo son mano de obra fácil de explotar por el empresariado.
Se esperaba que durante la presentación del informe anual de labores al Congreso, el Presidente haría mención de leyes que deben aprobarse para que el impulso de su plan de gobierno sea efectivo, una de ellas, la de Desarrollo Rural Integral. Eso no sucedió.
La sociedad guatemalteca cuenta hoy con una propuesta de ley de desarrollo rural que pone al centro del desarrollo al ser humano y señala como sujeto de la ley a la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; micro y pequeños empresarios rurales. Un beneficio directo a esta población redundará en un beneficio general para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Oportunidad para hacer un cambio real en la orientación del modelo económico nacional hacia nuevos rumbos: dejar atrás las políticas neoliberales que tanto daño hicieron en los últimos 20 años a la sociedad guatemalteca, principalmente a las poblaciones rurales.
Un estudio reciente realizado por Blanca Rubio, doctora en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, revela que aquellos países que aún hoy aplican medidas neoliberales en el área de la agricultura, son precisamente los países de América Latina que menor crecimiento del sector agropecuario tienen e importan cada vez mayor volumen de alimentos, entre ellos: México y Colombia. Por el contrario, países como Chile, Brasil, Bolivia y Argentina que han optado por impulsar un modelo alternativo con énfasis en la soberanía alimentaria están generando mayor crecimiento del Producto Interno Bruto Agropecuario, mayor empleo y riqueza rural.
El Presidente debe presentar sin demora esta propuesta de Ley de Desarrollo Rural al Congreso y los diputados y diputadas debieran, por el bien del país, respetar el espíritu y diseño de una normativa urgente que puede ser la piedra angular de un verdadero desarrollo.