Ayer el matutino Prensa Libre informó de la forma en que fueron adjudicados varios contratos en COVIAL por cifras superiores a los mil millones de quetzales y en su nota el matutino consigna que el Contralor de Cuentas, licenciado Carlos Mencos, declaró que no pueden obligar al cumplimiento de las normas de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado porque se usó un fideicomiso que establece su propia mecánica de adjudicación que no observa los plazos y procedimientos establecidos en la Ley.
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Es un hecho irrefutable que los fideicomisos, así como la contratación de organismos internacionales para ejecución de la obra pública se han convertido en instrumentos para evadir los controles y la fiscalización, porque al recurrir a instrumentos que no tienen que cumplir con las normas de la ley que rige toda contratación o cualquier adquisición que hace el Estado, se abre el espacio para manejos turbios.
Se sabe que tanto en los fideicomisos como en los organismo internacionales, les cierran las puertas a los contralores que tratan de averiguar la forma en que se ejecuta ese gasto público y ello contraviene de manera clara y flagrante el mandato constitucional que obliga a la Contraloría General de Cuentas a fiscalizar «todos los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas».
La Constitución dice, además, que están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos, lo cual da una idea de cuán amplio es el mandato y a la vez tan específico como para que ni un centavo del erario pueda ser administrado sin el control y fiscalización de la Contraloría.
Desafortunadamente ya sabemos que una cosa es lo que dicen los políticos en la llanura y otra muy distinta la que hacen en el poder, porque el mismo ingeniero Colom condenó y criticó en su tiempo de candidato esas prácticas evidentemente corruptas de administrar los recursos del Estado mediante maniobras para evadir los controles y la fiscalización. Pero ya en el poder resultó que «entendió» la utilidad de instituciones como los fideicomisos y los contratos con organismos internacionales porque «agilizan» la forma en que se ejecuta el gasto público y de esa cuenta el Ministerio de Finanzas ha seguido inyectando recursos a esas instituciones y lo han consignado en el presupuesto.
Pero al tenor de la norma constitucional, hay que decir que el Contralor de Cuentas tiene las facultades y la obligación para auditar la forma en que se manejan esos fondos y por lo tanto tiene que fiscalizar no sólo los fideicomisos, sino también a los que por derivación resulten siendo contratistas del Estado. No se puede aceptar que esas empresas se escuden en que son contratistas de un fideicomiso o de un organismo internacional, para eximirse de los controles, porque el dinero que están utilizando es dinero del erario nacional.
En Guatemala hemos desarrollado una habilidad especial para burlar la Ley y se ha institucionalizado de esa forma la corrupción sin que nadie quiera componer las cosas porque, al final, son muchos los que ganan en medio de tanto relajo.