El 6 de abril de 2007 fueron detenidos cinco individuos, minutos después de efectuarse el asalto a un bus extraurbano, hecho ocurrido en el kilómetro 18 de la ruta hacia Rí­o Dulce.

Los entonces aprehendidos fueron identificados como í‰dgar Rolando Cardoza Zamora, Julio Alexander Godí­nez Chávez, Ramón Navarijo Castellanos, y los hermanos Erick Francisco y Noé Efraí­n Palacios Marroquí­n; a todos les fue imputado el delito de robo agravado y permanecieron en prisión desde esa fecha.

La PNC reportó que a los detenidos les habí­an incautado armas, dinero y celulares; artí­culos que posteriormente serí­an utilizados como pruebas materiales contra los sindicados.

Un año y nueve meses después, el proceso fue remitido de El Progreso hacia la capital, para que se diligenciara aquí­ el juicio contra los implicados, el cual dio inicio ayer.

LA SOLICITUD

Algo que fue inusual dentro del monótono y metódico desarrollo de cualquier debate fue que el fiscal a cargo de ejercer la acusación contra los cinco, solicitó el sobreseimiento del caso argumentando, entre otras cosas, que carecí­a de pruebas para su desarrollo.

«Independiente de la posición del tribunal, es mi obligación plantear esto, incluso antes y no defender una posición que no considero; solicitar basado en el artí­culo 325 el sobreseimiento y la clausura del proceso», expresó José Menéndez ante los juzgadores.

«Dentro de la investigación realizada quisimos tener un mayor contacto con las personas, en apariencia robaron a 40 personas. No encontramos a ninguna persona; no me trajeron la evidencia material, he estado tratando de localizar a la gente y no me la han traí­do, sólo tengo a los tres policí­as captores, la evidencia material son armas de los sindicados y llaveros», argumentó el fiscal.

Los tres abogados de los sindicados apoyaron la petición del fiscal del MP y solicitaron al tribunal aprobarla; sin embargo, los jueces rechazaron dicha solicitud porque las argumentaciones fueron «infundadas».

PUNTO DE VISTA

Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opinó: «No es posible que el MP y el Sistema de Justicia sigan invirtiendo recursos y máximos esfuerzos; esa es una inversión realmente desafortunada, porque el Estado tiene pocos recursos y deben utilizarse de mejor forma», indicó.

El analista consideró «urgente» que el MP active los controles administrativos para que no se den ese tipo de situaciones, y añadió que, aunque el sobreseimiento está plasmado en la Ley, «no es usual y el MP no debe invertir en casos donde no hay pruebas suficientes; falta cuidado en la institución para sostener bien los casos», enfatizó.

Respecto al final de ese juicio, Canteo respondió: «Si no hay prueba, evidentemente el juez tendrá que absolver, no pueden condenar sobre presunciones, la justicia funciona con pruebas conducentes que vinculen a las personas en hechos concretos», y consideró que el sistema disciplinario tiene que entrar a deducir las responsabilidades a todos los responsables de esa situación.