El presidente estadounidense Barack Obama pidió inmediatamente después de su investidura ayer suspender por 120 días los procesos ante los tribunales de excepción de Guantánamo, de acuerdo con documentos judiciales presentados a la prensa.
«En el interés de la justicia, y a pedido del Presidente de Estados Unidos y del secretario de Defensa Robert Gates, el gobierno solicita, respetuosamente, que las comisiones militares autoricen el aplazamiento de los procesos mencionados anteriormente hasta el 20 de mayo de 2009», dice la moción que hoy será presentada por el juez Cayton Trivett, del ministerio público, a dos fiscales de los tribunales de excepción.
Uno de esos fiscales, Stephen Henley, está a cargo del proceso de cinco hombres acusados de haber ayudado a organizar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El segundo fiscal, Patrick Parrish, examina el caso de Omar Khadr, un canadiense arrestado cuando tenía sólo 15 años en Afganistán, acusado de matar a un soldado estadounidense.
Corresponderá por lo tanto a esos dos fiscales decidir hoy si aceptan el pedido de congelar el funcionamiento de las comisiones militares de Guantánamo, un enclave bajo administración estadounidense en el extremo oriental de la isla de Cuba.
La prisión de Guantánamo se abrió en 2002, en el marco de la «guerra contra el terrorismo» lanzada por el gobierno de George W. Bush tras los atentados de Nueva York y Washington.
Los tribunales de excepción fueron creados en 2006, y actualmente están a cargo de 21 casos, 14 de ellos asignados ya a un juez, sobre un total de cerca de 245 detenidos, de acuerdo con datos del Pentágono.
Obama, quien asumió sus funciones ayer, prometió que una de sus primeras medidas sería el cierre de la prisión de Guantánamo, convertida en un símbolo de los excesos de Estados Unidos en su «guerra contra el terrorismo».
Y Obama empezó de hecho a cumplir de inmediato su promesa, al pedir suspender el sistema judicial de excepción, que juzga a los detenidos acusados de crímenes de guerra.
Desde la apertura de la cárcel de Guantánamo en 2002, unas 800 personas estuvieron detenidas en la base, considerada por organizaciones de defensa de derechos humanos como una tierra de arbitrariedad judicial, dado que la mayoría de los personas detenidas allí pasan años sin juicio, condena, acusación ni acceso a abogados y en condiciones de aislamiento.
En su solicitud, Trivett sostiene que la suspensión de los tribunales de excepción «permitirá al nuevo presidente y a su gobierno volver a examinar el sistema de comisiones militares en general y de los dos expedientes en curso en particular».
De acuerdo con ese documento, Gates ordenó a los fiscales militares «dar tiempo suficiente a la nueva administración para volver a examinar los expedientes de las personas actualmente detenidas en Guantánamo y por las cuales no se haya determinado la posibilidad de liberarlas o transferirlas».
Luego cabrá «determinar si pueden ser acusadas por ciertos delitos y la jurisdicción más apropiada» para tratar los casos.
El caso de Omar Khadr debía servir a partir del lunes próximo para observar de cerca el funcionamiento de las comisiones militares, que no son cortes marciales ni tribunales federales.
En su corta existencia, las comisiones condenaron a 5 años y medio de cárcel (cinco de los cuales ya fueron cumplidos) a Salim Hamdan, ex chofer Osama bin Laden, el jefe de Al Qaida, y a cadena perpetua a Alí Hamza Ahmad al Bahlul, propagandista de esa red islamista.
Esos tribunales, en contradicción con todos los principios del derecho estadounidense, aceptan pruebas obtenidas bajo coacción y pruebas indirectas, es decir, de testigos que no son llamados a confirmar sus versiones durante el juicio.
Queda por determinar las instancias judiciales que reemplazarán a los tribunales de excepción.
La mayor parte de los abogados defensores -tanto militares como civiles- así como las organizaciones de defensa de derechos humanos, plantean transferir los juicios a tribunales federales, después de un examen de cada caso.
También se planteó la posibilidad de crear una nueva instancia judicial, adaptada a cuestiones de terrorismo -que diferencie entre apoyo al terrorismo y acción terrorista- pero para ello haría falta adoptar una ley y, según los expertos, Obama no quiere correr el riesgo de verla bloqueada por el Congreso.
El ministro de Justicia designado por Obama, Eric Holder, dio a entender que las comisiones militares podrían ser readaptadas, aunque precisó que ante el Senado que aún no se había adoptado una decisión al respecto.
Por lo pronto, los cinco individuos acusados de haber concebido, financiado y organizado los atentados del 11 de septiembre de 2001 siguen sin juicio, siete años después.
La prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo, donde el flamante presidente estadounidense Barack Obama pidió suspender los juicios, es un símbolo de los excesos de la «guerra contra el terrorismo» de su predecesor George W. Bush.
Más de 800 hombres y adolescentes pasaron por el centro desde que se creó en enero de 2002 y unos 245 aún se encuentran allí, la mayoría desde hace años, sin acusación.
Las celdas a cielo abierto de esa base situada en el extremo oriental de la isla de Cuba, donde se encerró a los 23 primeros detenidos -cuyas fotografías en uniforme naranja y con la cabeza enfundada en una capucha negra dieron la vuelta al mundo- han sido invadidas desde hace un tiempo por la vegetación y las iguanas.
Hoy la mayoría de los presos se encuentra en celdas de aislamiento individuales construidas en base al modelo de las cárceles estadounidenses de alta seguridad.
Los detenidos sólo salen de sus celdas, permanentemente iluminadas, dos horas por día a un espacio apenas más grande. Los más peligrosos llevan un traje anaranjado. La mayoría están vestidos de color beige y los más cooperadores de color blanco.
Unos 60 fueron absueltos de la denonimación «combatiente enemigo», que según el Pentágono justificaba su detención. Pero siguen encerrados porque no pueden regresar a sus países de origen, que no quieren acogerlos o que pretenden juzgarlos, según Washington.
Estos presos se encuentran en otro edificio de la prisión, con dormitorios comunes y un comedor también común.
La prisión de Guantánamo es también conocida por sus salas de interrogatorio.
Según el relato de la mayoría de los liberados, durante los interrogatorios se les sometió a maltratos, asimilables según sus abogados a la tortura: privación de sueño, exposición a temperaturas extremas, música a fuerte volumen u obligación de permanecer durante horas en posiciones incómodas.
Muchos relataron también que los guardianes les impedían rezar o que eran sometidos a constantes registros corporales íntimos y a insultos.
Situada en una base naval bajo administración estadounidense, que Washington alquila a Cuba desde 1903, la prisión es invisible desde la mayor parte de zonas habitadas de la bahía de Guantánamo.
Además de los 750 militares presentes en la base, más de 2.500 extranjeros, en su mayoría filipinos y jamaicanos, trabajan allí, en particular en la prisión. Tres inmigrantes cubanos viven también en la base.
Siete años después de la creación de la prisión, unos 20 detenidos han sido inculpados de crímenes de guerra y sólo tres han sido juzgados, uno solo de los cuales sigue encerrado en Guantánamo.
Al final de su mandato, el propio Bush afirmó en varias ocasiones su «objetivo» de cerrar el centro de detención. Su secretario de Defensa, Robert Gates, había ordenado a sus tropas a mediados de diciembre que le indicasen cómo se podría conseguir.
Fue a través de Gates, al que mantuvo en su cargo, que Obama pidió inmediatamente después de su investidura que los juicios en Guantánamo sean suspendidos durante 120 días.