El presidente venezolano, Hugo Chávez, amenazó a pocos días de la elección presidencial con una «ofensiva general» contra el latifundio ante una muchedumbre de campesinos, después de que en sus ocho años de gobierno diera muestras de pragmatismo en la aplicación de la reforma agraria.
En octubre el Estado pagó 4,6 millones de dólares a los dueños del emblemático hato (establecimiento ganadero) La Marqueseña, a 10 kilómetros de la ciudad natal de Chávez, Sabaneta, en el llanero estado de Barinas (oeste), en cumplimiento de un acuerdo alcanzado con el presidente en setiembre de 2005.
La Marqueseña, de 8.000 hectáreas, fue ocupada en 2005 por la Fuerza Armada y su dueño, Carlos Azpúrua, se mantuvo durante tres semanas en su interior apoyado por sus empleados, hasta que Chávez se entrevistó con él.
Por ese acuerdo Azpúrua conservó 1.589 hectáreas y el Estado intervino las 6.500 restantes, correspondiendo la indemnización a las bienhechurías (mejoras) realizadas por los Azpúrua durante los 57 años que explotaron esas tierras. La justicia debe decidir si los títulos de propiedad de los Azpúrua son legítimos o si son tierras baldías ocupadas ilegalmente, como sostiene el gobierno.
Este tipo de solución, que se aplicó a otros hatos, fue bautizada por el presidente como «el método Chaz» (Chávez-Azpúrua).
«El método Chaz es un método de diálogo, por encima de las diferencias de concepto», dijo Azpúrua, quien añadió que ya «Venezuela ha vivido muchos años de confrontación».
En 4.200 hectáreas de La Marqueseña, Chávez fundó uno de sus proyectos más preciados, el Centro Genético Productivo Socialista Florentino, con el fin de mejorar la raza bovina cebú y producir semillas certificadas para que los pequeños y medianos productores aumenten su producción de leche y carne así como sus cosechas, dijo a la AFP su presidente, el ingeniero forestal Freddy Escalona.
Venezuela importa 80% de los alimentos que consume y 100% de las semillas, recordó Escalona.
La Marqueseña tiene un valor afectivo para Chávez, porque allí vivió su bisabuelo, Pedro Pérez Delgado «Maisanta», un caudillo popular que se levantó contra el dictador Juan Vicente Gómez a principios del siglo pasado y que Chávez transformó en su numen.
El Centro genético es una empresa estatal y tiene atribuidos 23 millones de dólares para su fundación, de los cuales fueron liberados este año casi la mitad, dijo Escalona.
En agosto comenzó a ser construida la sede de 8.000 m2, con laboratorios y corrales para la recolección de semen, salones de clase y centro administrativo, que debe estar pronta en marzo de 2007.
El centro reservó 500 hectáreas a una cooperativa de 42 familias campesinas -las que denunciaron las tierras de La Marqueseña como ociosas- que recibió un crédito equivalente a 800.000 dólares. Hasta enero los campesinos reciben un estipendio de 230 dólares mensuales.
De las 2.460 hectáreas que no fueron asignadas al centro, 800 se repartirán entre otras cuatro cooperativas y el resto es una reserva ecológica.
Un 8% de la población venezolana es rural y el gobierno implementó una misión para traer gente al campo, afirmó Escalona.
Azpúrua afirma que La Marqueseña no era improductiva: «Tenía 60 empleados directos, producía 320.000 litros anuales de leche y 1.700 animales para el abasto, se sembraban 100 hectáreas de maíz y 200 de sorgo».
Ahora están reestructurando la producción y redujeron el personal a 25 empleados.
En la Ley de tierras y desarrollo agrario, promulgada en diciembre de 2001, el derecho de propiedad está condicionado a la productividad, permitiendo únicamente la expropiación de tierras «ociosas». Si la finca es «mejorable», al propietario se le debe dar un plazo razonable para hacerla productiva.
Pero Chávez considera que en Venezuela, donde no existen catastros completos y los particulares se apoderaron a lo largo de la historia de terrenos públicos baldíos, la mayoría de los presuntos propietarios sólo tiene derechos sobre las bienhechurías y no sobre la tierra, que debe volver al Estado.
Escalona, que fue viceministro de Agricultura, dijo que el gobierno intervino desde 2002 unas 3 millones de hectáreas. Venezuela cuenta con 92 millones de hectáreas, de las cuales «18 millones son aptas para la pecuaria y 7 millones para la agricultura», precisó.