En medio de dos licitaciones para espacio en televisión abierta, el Congreso de la República conocerá hoy el veto a la ley que prohíbe anunciar en las frecuencias de los canales 5 y 9.
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Roberto Alejos, presidente del Congreso, reveló que hoy -en la primera sesión ordinaria del año- está contemplado conocer el veto presidencial a la Ley de Frecuencias Televisivas.
Dicha ley incluye la limitación de que las frecuencias otorgadas a instituciones del Estado pudieran comercializar su espacio televisivo. Ello incluye al Canal 5 o TV Maya, otorgado a la Academia de Lenguas Mayas, y el Canal 9, otorgado al Organismo Legislativo.
La ley provoca polémica porque impide que estos canales puedan comercializar y, así, financiarse. De tal forma, sólo a través de aportes presupuestarios pueden funcionar. Al respecto, Alejos se refirió al canal del Congreso, Canal 9, aduciendo que espera que este año lo pueda poner a funcionar, para que la población tenga acceso a las transmisiones sobre el trabajo de los parlamentarios guatemaltecos.
«Estamos definidos, nosotros queremos salir con el canal, poco a poco, haciendo probablemente unas alianzas estratégicas dentro del sector puramente del ámbito público, nada que ver con el sector privado, ni tampoco estamos hablando de comercializar», puntualizó.
La presidencia de Roberto Alejos espera avanzar en ese tema, pero aclaró que los dos canales están contenidos en la Ley, y que aunque la perspectiva para el caso del otro canal radica en la duda si es o no constitucional, esa decisión únicamente le corresponde a la Corte de Constitucionalidad quienes son los expertos en el tema, no sin antes advertir que es el pleno quien dice que se hará.
Por otra parte, en publicación en un matutino del país, se publicó la Licitación Pública Número 01-09, y la 02-09, la cual pide licitar «Servicios para la transmisión de mensajes sobre temas económicos/sociales en televisión abierta nacional en horario nocturno», las cuales sólo podrán ser licitadas -por el momento- por los canales 3, 7, 11 y 13.
El diputado Arístides Crespo, segundo vicepresidente de la Junta Directiva, dio a conocer que el Organismo Ejecutivo tiene hasta el próximo viernes 23 de enero para sancionar o vetar la Ley del Fondo de Petróleo (Fonpetrol), Decreto 71-08; así como la reforma a la Ley de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Decreto 70-08, aplicación de utilidades.
En esta última norma legal el Congreso aprobó el cambio en el plan de prestaciones de los empleados de la portuaria y que se pueda disponer de aproximados Q4 millones anualmente para que la repartición de utilidades sea otorgada a las clases pasivas de esa empresa portuaria nacional.