La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, estimó que en los próximos dí­as de este mes iniciarí­a el proyecto de escuchas telefónicas en el paí­s.

Las proyecciones de las autoridades estiman que en los últimos dí­as de enero «estarí­an colocándose los equipos bloqueadores de comunicaciones celulares originadas desde los centros carcelarios», por lo que la CICIG permanece a la expectativa.

El anuncio fue hecho por el propio Sistema Penitenciario.

Aunque uno de los principales enfoques de las escuchas serán los crí­menes contra pilotos, cuyo modus operandi es ejecutado por medio de los aparatos celulares, se podrí­an indagar otros hechos como los secuestros y las acciones vinculadas con el narcotráfico y crimen organizado en general.

TELEFONíA

En diciembre último, el presidente ílvaro Colom apoyó la introducción de un sistema legal y operativo de escuchas telefónicas; la CICIG, por su parte, permanece a la expectativa de su implementación impulsada por esta.

Las escuchas telefónicas deben ser autorizadas por juez competente a solicitud de CICIG o del Ministerio Público, tras los indicios de criminalidad por este medio.

Según CICIG, se capacitó a un grupo de agentes de la PNC y fiscales del MP, para que puedan efectuar las escuchas; pero la propuesta en esa lí­nea no queda ahí­, ya que el comisionado planteó, además, la implementación del registro de tarjetas telefónicas, las cuales son vendidas «al portador» y no dejan ningún rastro.

Con la ejecución de ese proyecto, el cual se perfila para los próximos dí­as, se podrán tener datos más especí­ficos de quién o quiénes realizan las extorsiones por teléfono, afirma CICIG. Un investigador de esa entidad opinó que en ese sentido es «complejo dar un plazo al Estado para que inicie ese proyecto», pero que permanecen a la expectativa.

PROPUESTAS

Entre las propuestas efectuadas al Estado de Guatemala, la CICIG ha mantenido en lí­nea temas como: la identificación de la identidad de los dueños de los celulares, un programa seguro para la protección a testigos, la utilización de videoconferencias para la declaración de testigos clave, solicitar una reforma para que los allanamientos puedan ser efectuados a toda hora e investigar los ilí­citos cometidos a través de medios electrónicos.

La propuesta que aún está en discusión en la Corte Suprema de Justicia es la ampliación de competencia de los tribunales, para que estos puedan conocer casos de «alto impacto». La propuesta busca concentrar los juicios relacionados con el crimen organizado y reos de alta peligrosidad en la capital.