Desde que Plataforma Agraria inicia su lucha por la defensa del derecho al acceso de la tierra de población campesina e indígena -hace ocho años-, ha generado propuestas concretas a los gobiernos de turno, sin embargo, ninguna ha sido tenida en cuenta en la elaboración de acciones ejecutadas que, en cierta medida, han tratado de paliar muy superficialmente la problemática agraria en el país.
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Omar Jerónimo, miembro de la organización Central Campesina Chortí Nuevo Día, integrante de Plataforma Agraria, ubicada en los municipios chortís de Camotán, Jocotán, San Juan Ermita y Olopa, en Chiquimula; así como de La Unión, en Zacapa, cuestiona la forma en que han sido enfocados los programas que pretenden brindar apoyo a las regiones más pobres.
A criterio de Jerónimo el Gobierno debe generar una política de acceso a la tierra diferenciada, donde se contemple el apoyo a campesinos que únicamente tienen como capital su fuerza de trabajo, quienes tienen capacidad para recibir créditos, acompañamiento con capital de iniciación, técnico y de mercados, fortalecer la organización y una política de créditos para poblaciones campesinas.
– Pregunta: ¿Por qué han cuestionado el enfoque de programas como ProRural?
– Respuesta: Pese a que se está trabajando en los municipios pobres, la concepción de ProRural no está enfocada para atender a pobres, sino a campesinos que tienen potencial económico importante, que tienen tierras y una producción y lo que necesitan resolver es el problema de la comercialización de sus productos. ProRural tiene la idea de hacer alianzas con Agexport, Funcafé, Usaid, Intecap, Fundación Solar y otras.
– P: A su criterio, ¿ninguno de los siete proyectos de ProRural es coherente con las necesidades de los campesinos?
– R: Uno de los programas de ProRural es Promaíz, que consiste en otorgar crédito de Q1,200. Este es el único que está enfocado para atender a esta población, pero nos causa dos problemas, uno es que el fertilizante contamina la tierra a tal punto que queda infértil; y el otro es que el uso excesivo de fertilizantes químicos aumenta la factura petrolera del país. Los programas pueden ser aplicables en la medida que apoyen un proceso de transición para que la agricultura química cambie a una agricultura más sostenible, combinada químico-orgánico para llegar a una orgánica.
– P: Entonces, ¿qué lineamientos deberían seguir los programas?
– R: En Plataforma Agraria creemos que hay tres momentos donde se debe apoyar al campesino. Uno de ellos es a las unidades campesinas de subsistencia, quienes prácticamente viven de la fuerza de trabajo; a este grupo habría que apoyarle con programas que le permitan transitar hasta que tenga capacidades para un crédito. A otro grupo habría que apoyarlo con transferencias condicionadas, actividades productivas que sean diseñadas a partir de las realidades campesinas. Finalmente, al grupo que tiene capacidades de pago; gente que tiene tierras, que no tiene problemas para producir y que requiere apoyo para su comercialización.
– P: La organización también ha cuestionado la forma en que Fontierras ha apoyado a los campesinos
– R: Como Plataforma Agraria nunca le apostamos al Fondo de Tierras, que es una instancia que nació para darle más dinero a los ricos y más carga económica a los pobres. La institución llegó a diez años y lo que tiene es un bolsón de gente demandando tierras y otro altamente endeudado y un fideicomiso moribundo. Hacerle enmiendas a la ley, para que reciba más financiamiento del Estado, es como tratar de rescatar a un moribundo con oxígeno, y darle de comer con sonda.
Muchas familias que han obtenido tierras a través de Fontierras han abandonado los terrenos; se ha dicho que la razón es que no supieron cómo hacerlas productivas.
La economía campesina es el gigante dormido. Allí tenemos campesinos con el conocimiento de producir, para hacer la agricultura más rentable, pero no tenemos política crediticia pensada para esta población. El sistema financiero aplica una política crediticia a esta población, como la aplica a un industrial o a un vendedor de carros.
A los campesinos pobres no se les debe ver como a alguien que deba ser beneficiado con una bolsa de fertilizante o maíz, sino como sujetos económicos capaces de participar en políticas productivas.
– P: ¿Considera que anteriores gobiernos y éste han impulsado una política de acceso a la tierra?
– R: El Estado nunca ha tenido una política de acceso a la tierra, ha habido determinadas acciones, pero con un enfoque que permite que todo lo resuelva el mercado, ya que a medida que tengamos dinero para comprar la tierra, habrá tierra ofertada. En estas acciones, tampoco se ha reconocido la injusticia histórica. Mucha gente, a raíz de los 36 años de guerra, fue masacrada y quienes lograron sobrevivir abandonaron sus tierras.
– P: ¿Qué aspectos fundamentales debería poseer una política que busque resolver la conflictividad agraria?
– R: Se debe dotar de activos productivos a los campesinos. Un activo fundamental para ellos es la tierra. Para que este país pueda enfrentar la globalización tiene que haber más gente capaz de generar recursos económicos y para ello se necesita tierras que los capitalicen. Luego, capital de trabajo; fondos no reembolsables que les permitan producir y un acompañamiento organizativo que recupere la red de solidaridad que se perdió en las comunidades a raíz de la guerra y que tengan la seguridad de que las condiciones especiales que tiene el finquero también las tendrá el campesino.
Las injusticias no las resuelve el mercado, sino un Estado sólido, con instituciones fortalecidas.