Obviamente el peso de la responsabilidad de garantizarle la vida a los habitantes de la República es, según mandato constitucional, del Estado, pero debemos reconocer que el problema es de todos y que en la medida en que más sectores nos decidamos a participar en la propuesta de soluciones, más rápido iremos mejorando la situación. El primer paso para involucrar a la sociedad en el tema lo dio el Cardenal Quezada Toruño al convocar a la manifestación que, pese al poco tiempo y escaso nivel de organización, terminó siendo un éxito porque los ciudadanos estamos con el agua al cuello.
La CICIG había adelantado una propuesta para un pacto nacional en busca de acuerdos para impulsar la seguridad, lo que implicaba entre otras cosas la aprobación de leyes aún pendientes que son de absoluta necesidad. La iniciativa fue rechazada porque el Vicepresidente considera que él ya está a cargo de un proyecto similar, pero pasa por alto que uno de los objetivos fundamentales de la mayor participación de sectores es empujar a las autoridades a que cumplan con su deber y eso no se logrará desde la posición del Ejecutivo.
Necesitamos ajustes de leyes y mayor recurso tanto para la Policía Nacional Civil como para el Ministerio Público y el Inacif. Al ver que según los parámetros internacionales, Guatemala necesita una fuerza policial de 65,000 agentes y actualmente tenemos 18,500, tenemos que empezar a entender parte de los problemas. Y decimos parte porque no se trata sólo de llenar un cupo, sino que de preparar y capacitar a una nueva fuerza que rompa con los vicios del pasado que básicamente tienen que ver con los vínculos entre los criminales y los agentes del orden. Nuestra fuerza policial fue contaminada brutalmente por la corrupción y se sabe que en muchas ocasiones lejos de proteger a los ciudadanos, les atacan y si protegen a alguien es únicamente a narcotraficantes y miembros del crimen organizado.
Carecemos de una verdadera policía de investigación que pueda utilizar los métodos modernos para enfrentar a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y hay carencia absoluta de recursos eficaces para fundamentar los procesos. A esa dificultad se suma la deficiencia estructural de un Ministerio Público que lucha por superar su pecado original de haber sido creado como instrumento de impunidad durante el conflicto armado.
La necesidad de que los ciudadanos insistamos, empujemos y forcemos a las autoridades a darle prioridad al tema del combate a la criminalidad es evidente y no podemos ni debemos bajar la guardia. La lucha contra el crimen organizado la debe librar el Estado, pero la debemos forzar los ciudadanos con una persistente exigencia.