Al margen de que se le pueda señalar al Presidente que esa realidad la tení­a que haber sabido antes de llegar al poder y en consecuencia estar preparado para el descalabro que encontró, lo cierto es que en ambos casos el ingeniero Colom tiene razón y que la crisis actual en materia de seguridad ciudadana no es algo que se haya desatado hace un año, sino que se viene dando desde que se marcó ese proceso de deterioro institucional.

En el caso de Portillo, los ví­nculos de ese gobierno con grupos del crimen organizado sirvieron para que ejercieran extraordinario poder y pudieran cooptar no sólo los mandos de la Policí­a Nacional Civil, sino también los cuadros operativos del Ministerio Público, incrementando así­ el manto de impunidad que ya era grave antes en el paí­s y, por supuesto, ejercer influencia dentro del mismo Ejército.

Y luego vino la decisión del gobierno de Berger, impulsada hasta donde se sabe por quien fue su comisionado nacional de seguridad, el general Otto Pérez Molina, reduciendo los efectivos militares más allá de lo pactado en los acuerdos de paz, lo que provocó una sangrí­a muy fuerte dentro de la institución armada que no sólo hizo que muchos de los oficiales más competentes se acogieran al retiro voluntario, sino que suprimió la presencia militar en buena parte del paí­s y el resultado de ello fue mayor libertad para que operaran los grupos criminales. Por supuesto que debe reconocerse que la presencial militar en sí­ misma no era garantí­a de que no existieran complicidades para que los delincuentes operaran con impunidad.

Creemos que el rescate de los mandos de la Policí­a Nacional Civil ha sido posiblemente el avance más importante de este gobierno en materia de seguridad y ello se debe al trabajo tanto del fallecido ministro Vinicio Gómez como de Francisco Jiménez, quienes iniciaron un proceso de depuración que no ha sido fácil y que ha generado violentas reacciones. Ahora, establecido el problema, procede entrarle a la solución.