Esta mañana en Emisoras Unidas entrevistaron al ex presidente colombiano Ernesto Samper y entre muchas cosas importantes que dijo, insistió en que para asegurar la democratización hace falta que el financiamiento de las campañas polí­ticas provenga del mismo Estado para librar a los candidatos del yugo que les imponen los financistas privados que se adueñan de sus conciencias y se convierten en los únicos beneficiarios de ese sistema perverso que algunos todaví­a llaman democracia.

Guatemala es uno de los ejemplos más patéticos de cómo el inversionista es el único que saca provecho de ese sistema que nos lleva cada cuatro años a darle un  cheque en blanco al polí­tico que, diciendo la mentira mayor, se lleva los votos de la mayorí­a de una población incauta que antes de que cante el gallo termina desencantada de su propia elección. Lo que le interesa y conviene al pueblo sale sobrando, como nos ha pasado aquí­ con el tema de la seguridad en los últimos años y como nos ha pasado con el tema de la pobreza, la desnutrición y la corrupción a lo largo de muchas décadas.
 
 La tesis de Samper, enunciada por muchos otros dirigentes que se dan cuenta del daño que le hace a un paí­s que los pistudos secuestren la democracia mediante la compra del alma de los polí­ticos que para conseguir votos pactan con el que les ofrezca dinero para hacer campaña, tiene en casos como el de nuestro paí­s un serio problema que hay que tomar en cuenta. Aquí­ no tenemos reales partidos polí­ticos y por lo tanto si el Estado pone el dinero para la campaña, los inversionistas que siempre son tan vivos y eficientes, pondrán todo su empeño en el control de esas entidades de derecho público porque el secreto estará, entonces, en aceitar la maquinaria para que el partido postule como candidato al que ya le vendió el alma al diablo.
 
 Es un razonamiento bastante pesimista, pero luego de ver cómo se manoseó la academia cuando se tuvo la idea de crear las comisiones de postulación para nominar a jueces, magistrados y fiscales, uno tiene que pensar en todo y recordar aquella vieja máxima que tanto me repetí­a en el Consejo de Estado, cuando precisamente discutí­amos las comisiones de postulación, el gran amigo César Augusto Toledo Peñate, abogado de gran prestigio con quien coincidimos en la Municipalidad bajo el liderazgo de un Colom que sí­ valí­a la pena. El Muñeco, que así­ le dicen a Toledo, reiteraba la letaní­a: “Hecha la ley, hecha la trampa” y por supuesto que en medio de nuestra convicción de que la idea era genial, no creí­mos que el crimen organizado y los poderes paralelos se iban a terminar metiendo a controlar a las universidades, colegios profesionales y colocando a “sus” rectores y decanos.
 
 Esas mismas fuerzas, en un sistema de partidos polí­ticos tan pura vejiga como el que tenemos en Guatemala, se encargarí­an de poner el pisto para garantizar que las asambleas nombren candidatos a quienes ya pactaron con ellos para poner al paí­s, al Estado y a sus instituciones, al servicio de los sucios intereses de los pí­caros que se llaman financistas y que son en realidad los sinvergí¼enzas que sin tapujos, sin el menor rubor ni decoro, se encargan del saqueo inmisericorde de los recursos. Brutos somos de todaví­a referirnos a ellos como financistas, cuando lo que en verdad son es una especie de asaltantes de cuello blanco que se preparan minuciosamente para desvalijar al paí­s y cobrar su “inversión”, término que usamos para referirnos al burdo soborno con el que, antes de llegar al poder, compran a nuestros polí­ticos. O sea que además del financiamiento público, tendrí­amos que construir verdaderos partidos polí­ticos para terminar con la pistocracia, puesto que si no sólo les daremos dinero para que nos sigan abrochando.