Aunque ya casi nada nos puede asombrar respecto a la administración de justicia en Guatemala, de todas maneras no puedo ignorar una denuncia de representantes de comunidades rurales de Zacapa y delegados de las iglesias episcopal, evangélica, católica y luterana de aquella cabecera departamental, en torno a los abusos de que son víctimas los aldeanos de parte de finqueros de la región, presuntamente protegidos por un funcionario judicial.
eduardo@villatoro.com
El 31 de diciembre pasado recibí un mensaje de la Asociación para la Protección de la Montaña Las Granadillas y de ministros religiosos de Zacapa, por medio del cual informaban que el sábado 3 de este mes intentarían reunirse por enésima vez con los propietarios de fincas que colocaron un candado a un portón que impide la comunicación con la servidumbre de paso a las fuentes de recarga hídrica, ubicadas en la montaña mencionada y que surte de agua a las aldeas Santa Anita la Jincó, Río Arriba, Canoguitas, Loma del Viento, El Trapiche, Tapatá, La Trementina, Santa Lucía, Jumuga y Cerro Chiquito.
Me abstuve de publicar un comentario al respecto, en espera de los resultados de la reunión convocada para el sábado 3, en vista de que los comunitarios y religiosos buscaban una solución amigable al problema que atraviesan desde hace varios meses, mediante el diálogo con los finqueros a los que, además, señalan de estar deforestando la montaña Las Granadillas.
Ayer se comunicó telefónicamente conmigo el pastor luterano José Pilar ílvarez para darme a conocer el resultado de la reunión. El ministro religioso se mostró decepcionado porque sólo uno de los finqueros que invitaron aceptó participar en el encuentro al que asistieron alrededor de 300 aldeanos, esperanzados en contar de nuevo con el servicio de agua, que, aunque deficiente, es de singular importancia para ellos.
Para ajuste de cuentas, el finquero que asistió a la reunión se hizo valer arbitrariamente de su condición de juez de primera instancia del ramo penal de Chiquimula (Víctor Hugo Salguero Portillo), es decir, fuera de su jurisdicción, acompañado de los tripulantes de una patrulla de la Policía Nacional Civil, de hombres armados vestidos de particular y una auxiliar fiscal del Ministerio Público, también de la citada ciudad, quienes amedrentaron con palabras soeces a los comunitarios, a los que amenazaron con entablarles procedimientos judiciales y medidas de hecho si no desisten de sus pacíficas demandas.
Lo que piden los aldeanos es que se restablezca la servidumbre de paso que han utilizado durante generaciones, para acceder a las fuentes de agua, y que los finqueros no prosigan con la deforestación de la montaña; pero se encuentran impotentes y desamparados, al extremo de que en vez de lograr apoyo del Organismo Judicial, como es de esperarse en un estado de Derecho, resulta que uno de sus funcionarios procede en su contra con prepotencia y abuso de autoridad, según la versión proporcionada.
(Romualdo le pregunta a un pastor qué le gustaría recibir de regalo al estar próximo a cumplir sus 85 años de edad. El reverendo responde: Una demanda por paternidad).