El jefe del gobierno regional vasco, Juan José Ibarretxe, se sentó hoy en el banquillo, junto a otros actores clave de la política vasca, acusado de haberse reunido con líderes del ilegalizado brazo político de ETA, Batasuna.
El proceso, que tenía previsto durar tres semanas podría finalizar bastante antes, después que el tribunal suspendiera la vista a primera hora de la tarde para deliberar sobre las peticiones de los abogados y la fiscalía para la anulación del juicio. El tribunal publicará su decisión el lunes.
En un hecho histórico desde la restauración de la democracia en España, el jefe del gobierno regional vasco, el nacionalista Juan José Ibarretxe, se sentó en el banquillo de los acusados junto a su principal rival en las elecciones regionales del primero de marzo, el socialista Patxi López.
Estos dos grandes rivales de la política vasca, y el dirigente socialista Rodolfo Ares, están acusados por dos asociaciones de haberse reunido ilegalmente en 2006 con cinco dirigentes del ilegalizado partido independentista vasco Batasuna, que también están siendo juzgados en el mismo juicio.
Los encuentros tuvieron lugar durante la tregua que mantuvo la organización separatista armada vasca ETA entre marzo de 2006 y junio de 2007.
Los ocho procesado habrían con estos diálogos hecho caso omiso de la ilegalización de Batasuna, decretada en 2003 por el Tribunal Supremo español, debido a su relación con ETA, considerada responsable de 825 muertos en 40 años de violencia.
Las asociaciones demandantes, el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, hostiles a cualquier negociación con «los terroristas» reclaman entre algo menos de un año y cuatro años de prisión para los procesados, y su inhabilitación para ejercer cargos políticos.
Parece que tienen pocas posibilidades de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las apoye, ya que la fiscalía pide la absolución de los procesados.
Desde el inicio del proceso, la fiscal María Angeles Montes pidió al tribunal que archive el caso basándose en una jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual un juicio no puede tener lugar si la fiscalía o las víctimas directas no apoyan las acusaciones.
Este argumento ha sido retomado por los abogados de los procesados. Pero el de Ibarretxe también hizo una declaración sorpresiva ya que, tras apoyar la argumentación de su compañeros de defensa y de la fiscalía, reclamó que el proceso tenga lugar hasta el final para defender «el derecho legítimo al diálogo y a la paz en este país» y conseguir un veredicto «que nos dé la razón».
Los acusados «ya han sufrido la pena de banquillo» y ahora «hay que demostrar su inocencia», declaró Mikel Casas, quien añadió que «queremos demostrar que la actuación de todos fue legítima. Queremos ganar por razones jurídicas y materiales y porque nos asiste la razón. Frente al diálogo no puede haber cárcel, sino frente al diálogo, diálogo».
Los acusados no tuvieron ocasión de hablar en esta primera y, tal vez, última sesión del juicio.
A su llegada al tribunal, el líder independentista Arnaldo Otegi, acompañado por numerosos simpatizantes con banderas vascas, dio la mano a Ibarretxe, antes de abrazarse con los cuatro otros acusados de Batasuna, que comparecieron detenidos por otros casos judiciales.
Las reuniones políticas por las que están acusados los procesados habían tenido lugar paralelamente a las negociaciones entre el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, avaladas por el Congreso de los Diputados español.
ETA acabó por torpedear este proceso de paz con un atentado en Madrid en diciembre de 2006, antes de romper oficialmente su alto el fuego permanente en junio de 2007.
Desde el fracaso de este diálogo, el gobierno español ha seguido una línea de gran firmeza que ha llevado a la detención de numerosos activistas de ETA y de Batasuna, así como a la ilegalización de dos partidos independentistas vascos cercanos a Batasuna en 2008.
El gobierno de Zapatero ha excluido además cualquier tipo de negociación con ETA o su entorno.