Hechos acaecidos en las últimas semanas nos han permitido observar con preocupación la incapacidad del Estado guatemalteco de garantizar la libertad de expresión y los derechos de la comunicación. Entre éstos destacamos:

1. La insistencia del Congreso en aprobar la ley de Frecuencias Televisivas, que prohibí­a la comercialización en los canales de televisión abierta 5 y 9, de la Academia de Lenguas Mayas y el Congreso de la República.

2. La aprobación de una ley que redujo en 66%% el pago de impuestos de importación de materiales a los canales de televisión abierta y sus empresas asociadas.

3. Los ataques a través de los noticieros de los canales 3, 7 y 13 en contra del periodista Gustavo Berganza, a raí­z de un artí­culo suyo publicado en diario elPeriódico en el que señala las vinculaciones entre el usufructuario de dichas frecuencias televisivas y algunos diputados.

4. La debilidad que para el sistema democrático del paí­s representa la concentración de los cuatro canales de televisión abierta en manos del empresario mexicano, íngel Remigio González y González.

Por lo anterior exigimos:

A los canales de televisión abierta, cesar de inmediato la campaña de hostigamiento y desprestigio en contra de Gustavo Berganza, lo que violenta el derecho de libertad de opinión, fundamental para el libre intercambio de ideas que debe sustentar a nuestra democracia.

Al Estado guatemalteco, realizar las acciones necesarias para restaurar y garantizar los derechos violados.

Al gobierno, integrar un grupo de trabajo, con participación de la sociedad civil, para abordar este tema y decidir respecto al sistema de otorgamiento de usufructos de frecuencias.

Al Congreso, cesar la aprobación de normativas casuí­sticas que sólo benefician a los cuatro canales de la televisión abierta y van en contra de una democracia funcional, con partidos representativos y comprometidos con los intereses ciudadanos.