El objetivo final de la lucha contra el crimen, del combate a la violencia, es la seguridad ciudadana y por ello debe señalarse el enorme contrasentido de algunas iniciativas orientadas a la mano dura para aplicar diversas formas de limpieza social porque eso únicamente compromete al final de cuentas la misma seguridad de los ciudadanos. Agobiados como estamos los ciudadanos por la situación actual, las tentaciones son muy grandes para implementar políticas de fuerza, pero debemos entender que el único camino es el fortalecimiento de la institucionalidad del país.
Obviamente no abogamos por tratar a los delincuentes con blandura porque creemos que la institucionalidad significa el uso de la fuerza dentro del marco de la ley. Pero sí insistimos en que el Estado tiene que privilegiar el Estado de Derecho y por lo tanto todas y cada una de sus acciones tienen que estar orientadas al encausamiento de los criminales. En algunas ocasiones los mismos delincuentes al resistir la captura forzarán al uso de la fuerza, pero siempre tiene que ser dentro del plano de la legalidad.
Vienen a cuento estas consideraciones porque cada vez que hay cambio en el Ministerio de Gobernación puede haber también un cambio en las políticas de seguridad y en las condiciones actuales es enorme la tentación de recurrir a acciones de fuerza, sobre todo cuando no existe una política de Estado definida y firme. De hecho, el cambio de ministro será consecuencia de la ausencia de ese plan concreto para resolver el problema y por ello es que el Presidente tiene que prescindir de un funcionario cuyo mayor pecado fue mantener un muy bajo perfil y alejarse de los medios de comunicación.
La personalidad de Salvador Gándara es totalmente distinta porque es un buen comunicador y le gusta el contacto con los medios. Estará, por tal razón, mucho más expuesto ante la opinión pública y deberá ser muy prudente en sus expresiones y acciones porque lo fundamental es consolidar institucionalmente al Estado en la lucha contra la criminalidad. Eso significa un eficiente trabajo con la Policía, pero también la coordinación necesaria con el Ministerio Público y con los mismos tribunales de justicia porque al final del día, la única seguridad efectiva es la que deviene de la aplicación de la ley. Lo otro es un espejismo porque termina criminalizando a la fuerza pública que por un tiempo puede actuar bajo consigna, pero luego lo hará por su cuenta y a la libre, como nos ha ocurrido ahora. Los que antaño usaron a policías para la limpieza social, son los causantes de la podredumbre de la PNC y eso no lo debemos olvidar.