Por suspensión del pago de su deuda, el gobierno argentino intervino una empresa de gas.
El gobierno argentino intervino por 120 días la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN), que la semana pasada había suspendido el pago de su deuda en dólares por 22,5 millones de dólares, anunció ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido.
La intervención tiene por objetivo «inspeccionar y fiscalizar especialmente las condiciones de prestación de servicio público de gas natural, para que sean seguras y confiables», dijo el ministro en rueda de prensa en el Ministerio de Economía.
«La decisión de suspender los pagos (de su deuda) comprometía el servicio», insistió el ministro.
El martes, TGN informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde cotiza el 20% de sus acciones, que no podía pagar los 22,5 millones de dólares de capital e intereses que vencen el 31 de diciembre.
Roberto Pons, un técnico de la Unión Industrial Argentina (UIA), fue designado como interventor de la empresa, nacida en diciembre de 1992 como una de las dos transportadoras de gas del país, luego de la privatización de la compañía Gas del Estado.
El 56% de las acciones de TGN pertenece a Gasinvest, un consorcio integrado por TecGas (del grupo argentino Techint), la local Compañía General de Combustibles y la francesa Total Gas, entre otros.
El resto del capital accionario se divide entre 24% de Blue Ridge Investments y 20% que cotiza en la Bolsa.
En agosto de 2006, TGN reestructuró el total de sus deudas por 345 millones de dólares, pero ahora anunció no puede cumplir con el pago de sus obligaciones negociables.
TGN opera una red de casi 5.800 kilómetros de gasoductos y 17 plantas compresoras, según su sitio de internet.
La empresa, concesionaria por 35 años, transporta gas natural por gasoductos de alta presión en el centro y norte de Argentina y a través de sus dos gasoductos troncales, el Norte y el Centro Oeste, abastece a ocho de las nueve distribuidoras y a numerosas generadoras eléctricas e industrias de 14 provincias.
Transporta además gas al centro y norte de Chile, al oeste de Uruguay y al sur de Brasil.
TGN atribuyó sus dificultades financieras al congelamiento de las tarifas domésticas desde 1999, el aumento de los costos operativos y salariales y el recorte de las exportaciones de gas a Chile y Brasil, dispuesto por el Gobierno al priorizar la demanda energética local.
De Vido negó las acusaciones y justificó la política oficial.
«Si vemos que la empresa por problema de su administración está en situación cierta de default vamos a tomar nosotros la operatoria, porque un default operativo puede afectar a los usuarios y a la infraestructura», advirtió.
La presidenta Cristina Kirchner viene manteniendo el rumbo estatista iniciado en 2003 por su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner (2003/07), luego de la ola privatizadora de la década del 90.
El rumbo se confirmó recientemente con el traspaso de los fondos de pensión al Estado y la expropiación de Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans.
El primer caso había sido Correo Argentino, privatizado en 1997 y al que en noviembre de 2003 Néstor Kirchner rescindió el contrato.
Luego, el ex jefe de Estado le quitó la concesión a la francesa Thales Spectrum que explotaba el espectro radioeléctrico desde los 90 y a mediados de 2006, el Estado recuperó 90% de las acciones de Aguas Argentinas, en manos del grupo francés Suez.