Al menos mil 510 conflictos agrarios no fueron resueltos por la Secretarí­a de Asuntos Agrarios (SAA), al finalizar este año; la mayorí­a de ellos se concentra en el noroccidente del paí­s.

De acuerdo con Juan Alfonso de León, titular de la SAA, este año se consiguió concluir en buenos términos unos 467 casos, empero el proceso de resolución aún tendrá que afrontar la búsqueda pronta para esta problemática que se acrecienta con fuerza.

Durante este gobierno se han creado varias mesas de diálogo que pretenden avanzar en la discusión de la temática, a través de la incorporación de organizaciones de sociedad civil que acompañan el proceso, empero, varias de ellas han abandonado tales iniciativas, acusando principalmente al Gobierno de no poner interés al problema.

Tal es el caso de la organización Plataforma Agraria y el Consejo de los Pueblos de San Marcos, quienes se retiraron de la mesa que se habí­a instalado a inicios del gobierno, debido al poco interés que mostraron las autoridades, según indicaron sus dirigentes.

Asimismo, pobladores del municipio de Livingston, Izabal, acordaron abandonar otro espacio que se habí­a creado en la búsqueda de resolver la conflictividad agraria en la región.

Los departamentos donde se ha reportado mayor conflictividad agraria son: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y Petén.

20 Aí‘OS

El sistema inequitativo de tenencia de la tierra es la principal causa para que se suscite la problemática, ya que la gran mayorí­a de la población rural pobre, no tiene acceso a la misma.

Empero, en Guatemala, se desconoce a ciencia cierta a quién le pertenece la tierra, por lo que no existe certeza jurí­dica sobre este medio de producción.

Gerardo Poiton, gerente técnico del Registro de Información Catastral (RIC), señaló que los principales problemas que se deben resolver son: la sobreescrituración de propiedades y el poco acceso que las familias tienen a la tierra, ya que esto ha propiciado la ocupación de terrenos comunitarios, comunales, del Estado y privados, para desarrollar actividades productivas.

Luego que fuera aprobada la Ley del RIC, en 2005, se comenzó el proceso para solventar el problema de la falta de certeza jurí­dica. A la fecha, el RIC ha trabajado en 20 municipios de los departamentos de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Zacapa, Chiquimula y Escuintla.

«Estos municipios han sido declarados en proceso catastral, en ellos hay vigencia de la ley de RIC; se inició la etapa de conocimiento de la información de los derechos reales y la segunda de identificación de la posesión del terreno», indicó Poiton.

El funcionario refirió que para que el proceso ofrezca datos sobre la situación en todo el paí­s, «siendo bastante conservadores tenemos una estimación de entre 15 y 20 años», advirtió.

Empero, indicó que tal situación dependerá de la continuidad y el financiamiento de la actividad en el campo, del acceso que se tenga a la información del Registro General de la Propiedad, así­ como del apoyo de propietarios, poseedores y tenedores de tierra.