El año está concluyendo y dejó en el recuerdo colectivo una serie de hechos de extrema violencia que las autoridades atribuyeron al narcotráfico: las «narcomatanzas» cobraron la vida de miembros de grupos del crimen organizado y, ajenos a este, sólo ví­ctimas del fuego cruzado.

A lo largo del año, expertos en temas de seguridad coincidí­an en que el Estado tiene una muy mala calificación en la prevención, y las narcomatanzas lo confirmaron.

El paí­s fue tomado «por sorpresa» ante el ingreso al territorio de cárteles mexicanos que pelean territorio con los grupos de narcotráfico guatemaltecos, dejando como saldo decenas de muertos.

GUERRA

Hellen Mack, analista en temas de seguridad de la Fundación Myrna Mack, explicó que uno de los factores que influyeron para que se dieran ese tipo de hechos, fue la declaración de guerra al narcotráfico que paí­ses como México, Colombia y otros centroamericanos hicieron recientemente.

A criterio de Mack, el paí­s no estaba preparado a nivel de seguridad en materia de narcotráfico, el cual considera un eje de dinero y poder que atraviesa todas las capas de la sociedad. La analista también consideró que el Ejército ha fallado en su función de resguardar las fronteras del paí­s para evitar la filtración de grupos de narcotraficantes en el territorio nacional.

Mack cree que el punto de partida en el que el Estado debió buscar la prevención fue el crimen contra tres diputados salvadoreños y su piloto ocurrido el 19 de febrero de 2007: «Esa fue una alerta fí­sica y un hecho real para que el Estado previera», declaró.

Para la analista, Guatemala no está preparada ni con armamento ni con recursos; pero también criticó al Sistema de Justicia: «la Corte Suprema de Justicia aún discute si puede ampliar la competencia de los tribunales para que conozcan casos de alto impacto, y no dan una respuesta», criticó.

La crí­tica al sistema de Justicia se extendió, ya que para Mack, la engorrosa discusión de la ampliación de competencia en los tribunales de la capital «evidencia que la CSJ está perneada polí­ticamente. Dejar que esos casos se queden en los departamentos donde la seguridad es aún más vulnerable representa una tendencia», enfatizó.

La entrevistada dijo finalmente que el paí­s carece de medidas de prevención, lo cual permitió que el narcotráfico lo «tomara por sorpresa», y enfatizó que prever debe ir acompañado de otros programas preventivos como evitar el narcomenudeo: «con esos ilí­citos Guatemala no sólo se convierte en un lugar de paso de droga sino de consumo, lo cual genera otras clases de violencia», indicó.

REACCIONES

Los crí­menes que el Ministerio Público y la Policí­a Nacional Civil han ligado al narcotráfico, por diferentes elementos, han generado una serie de reacciones dentro del propio sistema de seguridad y justicia nacionales.

En el caso de la seguridad, esta ha sido incrementadas tanto para los investigadores como para los sindicados de estos hechos; por ejemplo, las prisiones donde son recluidos han sido calificadas como vulnerables por lo son resguardadas con equipos especiales.

En el caso del sistema de justicia, en más de una oportunidad los jueces departamentales y capitalinos se han inhibido de conocer los procesos contra los supuestos miembros de peligrosos cárteles de drogas que operan en el paí­s. La CSJ ha tenido que intervenir en ese sentido ordenando que sea un tribunal capitalino el que conozca el juicio.

La Comisión Internacional Contre la Impunidad en Guatemala, que se ha querellado en varios procesos, ha recomendado que esos casos sean juzgados en los tribunales de la ciudad por medidas de seguridad, sin embargo, los conflictos de jurisdicción han persistido retardando el inicio de los debates.