Organizaciones de sociedad civil preparan fuerte cabildeo para que en 2009 pasen dos iniciativas de ley relacionadas al tema de las desapariciones forzadas.
lahora@lahora.com.gt
Desde hace dos años, el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), promueve la creación de una Comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra, la cual dejó al menos 45 mil desaparecidos.
Asimismo, otras instituciones sociales, entre ellas la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, pretenden que el Congreso de la República ratifique la Convención Internacional por la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2006, a la cual Guatemala se adhirió.
A criterio de miembros de la sociedad civil, ambas iniciativas deberían «pasar fácil», ya que ninguna busca desatar procesos penales contra los responsables, sino se centran: en la búsqueda de las víctimas, la primera; y en la prevención, la segunda.
«El próximo año le vamos a entrar fuerte, ya que sin importar cuál se apruebe primero, se abre la puerta grande al tema de las desapariciones forzadas», señaló Cecil de León, miembro del CNAP.
REACCIí“N
La iniciativa 35-90, que promueve el CNAP, tiene dictamen favorable de la Comisión de Finanzas del Congreso, ya que se plantea que la misma sea autónoma y descentralizada y posea un presupuesto de, por lo menos, Q25 millones.
Cecil de León, del CNAP, acusó al presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Oliverio García Rodas, del Partido Patriota (PP), de «haberse burlado de las víctimas», ya que se comprometió a dar su apoyo, pero «sólo nos estuvo haciendo perder el tiempo», ya que la propuesta no fue presentada a la Dirección Legislativa.
«Con voluntad política la iniciativa se aprueba por una pequeña y sencilla razón: no desata procesos penales, sino se centra en la búsqueda de las víctimas de la desaparición. Lo que se busca es que las familias cierren los duelos conociendo, al menos, el paradero de sus seres queridos», refirió De León.
ESFUERZOS
Actualmente 103 países en el mundo aprobaron la Convención contra la Desaparición Forzada, empero, para que la misma se convierta en ley debe ser ratificada por lo menos en 20 países; a la fecha solo cinco han cumplido con este requerimiento.
En agosto de este año, la Liga Guatemalteca de Higiene Mental entregó al Presidente del Congreso 3,733 firmas, y un documento donde se exigió la ratificación del tratado internacional, empero, la misma no avanzó.
«No debería tardar su ratificación porque la misma tiene fines preventivos; si en Guatemala se diera esa práctica de nuevo, Naciones Unidas podría instalar una comisión internacional para intervenir en el tema», señaló Garavito.
El proyecto tiene dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores; sin embargo, no ha sido presentada al pleno.
«El otro año seguiremos en la estrategia. La Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas, priorizó 20 países en el mundo donde se harán esfuerzos más grandes, uno de ellos es Guatemala», indicó Garavito.
Actualmente, la presidencia de la referida Comisión está en manos del Frente Republicano Guatemalteco.
A criterio de Fredy Viana, miembro de la Comisión y parlamentario del PP, que no se haya dado la ratificación del tratado «ha sido negligencia de la comisión y del presidente de la misma; negligencia o algo más», apuntó.