La pésima cultura de algunas personas, consistente en «huevearse los vueltos» ha dejado de ser un patrimonio de la sociedad guatemalteca, ahora la mayoría de supermercados y tiendas rápidas, nacionales y de consorcios internacionales que operan en los muchos centros comerciales ubicados en el país, adoptaron la costumbre de no entregar el vuelto cabal a los compradores; aduciendo que hacen un redondeo o que ya no manejan monedas de uno y de cinco centavos, por esa razón, le «redondean el vuelto, pero a favor de ellos».
Me explico: cuando usted va de compras a un supermercado y en la caja paga el valor de la mercadería adquirida, los cajeros le exigen que pague completo el valor de las mismas; aunque sean dos centavos los que a usted le hagan falta, le quitan algún producto para que pueda pagar la cuenta completa, en pocas palabras, no le perdonan ni siquiera dos centavos.
Pero a la hora de dar el vuelto, ellos ni siquiera le indican que en su vuelto faltan dos, tres, cuatro y hasta cinco centavos; es decir, le están hueveando a las claras, frente a usted, en vivo y a todo color esos dos, tres cuatro o cinco centavos; y haciendo cuentas, con todos los clientes que atienden al día, imagínese usted la cantidad de dinero que recolectan, perciben e ingresan sin comprobantes legales, lo que en buen chapín podemos identificar como el dinero que se huevean todos los días.
Al decir de algunos empleados de esas empresas, ellos reciben cada mes un porcentaje de ese dinero que no está contabilizado en un llamado «bono», por lo tanto ellos están conscientes de que es un dinero mal habido. De esas cantidades mal habidas o bien hueveadas, las empresas multinacionales y nacionales, hacen su fondo común y pagan a sus empleados los bonos navideños, bono catorce, prestaciones y hasta aumento de salarios.
Puede entenderse en pocas palabras, que el pueblo de Guatemala, los compradores y/o consumidores de esas empresas, son los que subsidian a las empresas privadas para cumplir -sí es que cumplen- con parte de sus obligaciones laborales, lo cual significa la comisión de un acto ilícito en detrimento del patrimonio de los consumidores, mismo que está tipificado en el Código Penal.
¿Podría el MINISTERIO PíšBLICO investigar al respecto? ¿Qué dirá la Procuraduría General de la Nación? ¿Se manifestará al respecto el Procurador de los Derechos Humanos? Y las tantas organizaciones y pseudo organizaciones «defensoras» de los Derechos Humanos ¿emitirán opinión? ANTE ESTE HECHO DIARIO QUE REVISTE IMPUNIDAD, ¿QUí‰ HARí LA OFICINA DENOMINADA DIACO?, ¿¿Y LA SAT??
¿Será que van a demostrar que también son buenos para perseguir y enjuiciar a los ladrones multinacionales y no sólo a los piratas de discos en la sexta avenida?