Se trata de Félix Medrano, quien envió el primer correo pidiendo a todos sus colegas del Colegio de Ingenieros Agrónomos que opinaran al respecto de la iniciativa de un grupo empresarial, y de Mario Antonio Godí­nez López y Byron Ponce Segura, con los que nos hemos comunicado.

Como es imposible incluir las opiniones completas, me inclino por resumir el criterio de los dos últimos, comenzando con Godí­nez, quien trae a cuenta que los dirigentes de la Asociación Pro Reforma argumentan simbólicamente que el problema de Guatemala no es cambiar de piloto (Presidente) del vehí­culo (el paí­s) cada cuatro años, sino cambiar el automotor; pero advierte que es «un inteligente manejo de nuestra amnesia histórica» aprovechando el gran descontento de la población hacia los sistemas de justicia y de seguridad, para lanzar la idea de que el Estado sirva exclusivamente para garantizar las funciones de la Policí­a, del Ejército y la administración de justicia, es decir, un sistema que tenga capacidades represivas, puesto que en lo que respecta a las áreas sociales y económicas, a los impulsores de la peculiar reforma no les importa ni siquiera en tiempos de recesión económica y en el ocaso del neoliberalismo.

Los lí­deres de la citada asociación plantean su propuesta como una opción de salida a la crisis del paí­s -señala Godí­nez-, cuando que ellos mismos han sido los actuantes y principales responsables «del actual cataclismo económico que viven los más pobres», puesto que muchos de aquellos se opusieron a las reformas constitucionales derivadas de los Acuerdos de Paz, toda vez que «la posibilidad de convertir a Guatemala en un paí­s con democracia participativa y que brindara a las fuerzas armadas un papel digno y de respeto a los derechos humanos, fue enterrada por un grupúsculo poderoso de personas que activaron y jugaron con la ignorancia popular y revivieron los miedos de la etapa de la contrainsurgencia».

Ponce, por su parte, reconoce que algunos de los cambios que propone Pro Reforma le parecen «adecuados», pero subraya que en Guatemala ha gobernado una corriente de pensamiento polí­tico-económico que plantea la reducción del rol y del tamaño del Estado, limitándolo a la función de regulador y árbitro de conflictos, aunque el mercado no debe ser sujeto de regulación estatal, según la óptica neoliberal.

A esa propuesta le ha faltado una dimensión social integradora -advierte Ponce-, siendo la crisis económica y financiera global una prueba irrefutable de que ese modelo ha sido un fracaso, y que la privatización de beneficios y socialización de pérdidas, propia del neoliberalismo, no es una opción para terminar con la pobreza. Afirma que esta corriente de pensamiento cuenta con portavoces permanentes que impulsan sus ideas desde la cátedra universitaria y los medios impresos, y son los mismos que conforman la junta directiva y cuadros de apoyo de Pro Reforma.

Godí­nez coincide con Pro Reforma en que «con sólo cumplir la actual legalidad Guatemala podrí­a avanzar», pero hay ámbitos en los que esa legalidad ha sido cercenada y debe ser reconstituida, como el desarrollo rural, que incluya el incremento del salario mí­nimo, además de que urge una estrategia de reactivación económica orientada hacia los más pobres.

Ponce considera que una verdadera reforma tiene que pasar por la corriente de los partidos polí­ticos. «El dí­a en que tengamos una reforma del sistema polí­tico, con estrictas normas éticas, principiará el verdadero cambio», puntualiza, y agrega que Pro Reforma no muestra una sola señal que contenga una nueva propuesta socio-económica.

(El jardinero Romualdo Tishudo acompaña a su patrono en el vehí­culo del próspero empresario y al pasar frente a un restaurante aspira profundamente y le comenta: -¡Qué rico ese olor a comida! El generoso reformador le propone: -¿Querés que pasemos de nuevo por aquí­?)