Promesas sin cumplir, proyectos sin rumbo y un Gobierno sin planes para enfrentar las crisis que se avecinan en temas de seguridad y económica, son los puntos que ven analistas en el primer «año de la esperanza» con ílvaro Colom al frente del Organismo Ejecutivo.

Desde que tomó la silla presidencial el pasado 14 de enero, Colom se enfrentó a diversas encrucijadas, como la elección de los funcionarios en altos cargos y el desplazamiento de los que se encontraban instalados desde la administración pasada.

Las principales crí­ticas contra el Gobierno pesaron por la falta de altos funcionarios mayas en el Gabinete de Gobierno -con excepción del ministro de Cultura, Jerónimo Lancerio-, pese a que desde su victoria en las elecciones, el mandatario habí­a prometido un gobierno «con rostro maya y olor a tamal de maí­z».

Ya instalado en sus funciones, el mandatario descubrió «un desorden administrativo» en varios ministerios y dependencias estatales que tuvieron por consecuencias fuertes criticas paras las dos anteriores administraciones de Gobierno, a las que responsabilizó por al debilidad institucional de las fuerzas de seguridad y un agujero millonario en el Ministerio de Comunicaciones.

Los primeros meses en la administración de Gobierno sirvieron para atender los asuntos pendientes, señala ílvaro Pop, analista polí­tico de la Organización Naleb´. «Las cosas no estaban nada fáciles cuando llegaron al Gobierno».

La principal prueba para el gobierno fue autoimpuesta por Colom durante la campaña electoral, ya que se propuso difí­ciles metas con el «Plan de los 100 Dí­as», el cual fue aprovechado por el opositor Partido Patriota para criticar los «pocos alcances en materia de seguridad».

Sin embargo, el gobierno alcanzó importantes logros con la instalación de mesas de diálogo entre grupos sociales, ambientalista y polí­ticos, lo que facilitó la articulación de las primeras acciones sociales.

SIN PLANES CLAROS

La violencia supuso un verdadero reto para el gobierno desde los primeros meses, ya que gradualmente se incrementaron los indicadores de violencia selectivos contar grupos como mujeres, pilotos de autobuses y defensores de derechos humanos.

A criterio de Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el Gobierno no presentó planes concretos en materia de seguridad, lo que «provocó un incremento el número de actos delictivos y hechos de violencia».

La muerte del ex ministro de Gobernación Vinicio Gómez -aun sin esclarecer- dejó un vací­o en la cartera del Interior, que dejó al paí­s «mucho pero que en el gobierno pasado».

«No ha tenido la capacidad y ha cometido muchos errores que han beneficiado al crimen organizado», señala Polanco, quien además critica el importante apoyo ofrecido a las milicias, que sustancialmente difiere del aporte para los cuerpos civiles de seguridad.

Según el director del GAM, los recientes hechos protagonizados pro el narcotráfico y el crimen organizado en las fronterizas del paí­s suponen un verdadero reto para el gobierno, que deberá hincar el próximo año con una «certera estrategia de seguridad» o de lo contrario perderá más terreno.

AGRO SIN AVANCES

La situación en el campo es otra arista que ha inquietado al gobierno, en tanto que no se ha resuelto sustancialmente los casos de conflictividad agraria en los que se interponen intereses de terratenientes y grupos campesinos.

Una fuerte crisis que empañó al gobierno se produjo en febrero pasado, con la detención de cuatro turistas belgas, por un grupo de campesinos de Izabal que exigí­an una polí­tica agraria integral al gobierno.

De acuerdo con Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), los problemas estructurales que han se han generado por la distribución arbitraria de la tierra no han encontrado solución en las mesas de diálogo propuestas por el Gobierno.

«Todaví­a no escuchamos una propuesta concreta del ejecutivo para resolver el problema de los desalojos violentos de las familias campesinas; las fuerzas de seguridad continúan al servicio de los grupos de poder, mientras que no hay quine vele por los campesinos».

En la misma situación ubica Abner Paredes, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), a los adolescentes y jóvenes, a quienes se ha incumplido con los ofrecimientos emitidos durante la campaña electoral.

«La protección y respeto de los derechos humanos debí­a ser una prioridad; pero no hemos visto proyectos certeros en esta materia», indica Paredes.

DIFíCIL PERSPECTIVA

El ámbito económico supuso otro serio problema para Colom, ya que el alza del precio del petróleo generó una escala de precios que provocó un serio impacto para la economí­a interna.

Una vez más la oposición aprovechó para criticar las «tí­midas» acciones del ejecutivo frente a la escalada de precios, la cual repelió con diez precios acordados y el ingreso de contingentes de productos alimenticios.

La recesión económica que se espera en Estados Unidos y la severa desaceleración de las economí­as centroamericanas para el próximo año representan una prueba de fuego para Colom y su equipo económico, dice Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH).

«Todaví­a no hemos visto los verdaderos efectos de la crisis estadounidenses en el paí­s pero deberán articularse polí­ticas económicas muy certeras para poder enfrentar los futuros retos; la inversión social debe ser una prioridad», indicó.

LOS RETOS

Pop señaló que el Gobierno enfrentará difí­ciles retos para el próximo año. El cabildeo en el Congreso para la aprobación de los préstamos que sustentarán el presupuesto y la segunda fase de la modernización fiscal se vislumbran como dos temas clave.

El combate a las bandas del narcotráfico y crimen organizado, así­ como la crisis en el ámbito económico suponen dos pruebas difí­ciles de superar, que a criterio de Pop requisen de un esfuerzo coordinado del gobierno y al sociedad, por lo que el diálogo jugará un papel importante en el próximo año.