1. A pesar de que la declaración formulada por Serrano y Arzú, de conformidad con las reglas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, fue un acto unilateral del Estado de Guatemala, de carácter permanente e irreversible, otorgado obsequiosamente, que creó obligaciones internacionales para nuestro paí­s y sobre el cual, el pueblo de Guatemala no fue consultado como lo manda la Constitución Polí­tica que nos rige;

2. A pesar de que hasta la fecha, ninguna autoridad nacional posterior, ha iniciado acción alguna de carácter patriótico interno, para examinar dicho «acto» de las más altas autoridades del paí­s (Ejecutivo – Legislativo – y Judicial), ni tampoco ha examinado otros «actos» anteriores a éste (Entre otros: el voto favorable de Guatemala a la reforma del Artí­culo 8 de la Carta de la OEA -1985- que restringí­a el ingreso de Belice a dicho Organismo Continental), que comenzaron a minar nuestra sustentación jurí­dica internacional del reclamo que Guatemala ha mantenido por más de un siglo y que, hasta podrí­an constituir un crimen de «lesa Patria» en el marco del derecho común;

3. A pesar de que muchas entidades oficiales y privadas han suprimido del mapa de Guatemala, la parte correspondiente a Belice, como si ya no existiera el diferendo territorial citado y ya se hubiesen acordado convencionalmente los lí­mites fronterizos;

4. A pesar del total desinterés de las autoridades correspondientes de los últimos gobiernos de turno de no instruir adecuadamente a nuestra juventud, sobre los derechos que le asisten a nuestra Patria sobre una amplia extensión del territorio que actualmente ocupa el Estado de Belice;

5. A pesar de que la mayorí­a de guatemaltecos, incluyendo autoridades públicas y hasta miembros de la Prensa nacional, desconocen que el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos -el caso del pueblo de Belice- y su posterior proclamación de independencia y surgimiento como Estado en el ámbito de la Comunidad Internacional, nunca, en ningún momento, puede estar reñido o constituir -para el caso de Guatemala- una renuncia a otros principios igualmente válidos, sustentados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, como lo son, primordialmente, la Soberaní­a y la integridad territorial de los Estados – en este caso, la soberaní­a e integridad territorial de Guatemala, paí­s que en ningún momento ha cedido lí­citamente ninguna parte del territorio que, como ex colonia del Reino de España, le corresponde de acuerdo a los tí­tulos histórico-jurí­dicos que devienen válidos e indelebles desde su propia independencia, reconocida plenamente por el Reino de España, según el Acuerdo de Reconocimiento Paz y Amistad, suscrito el 29 de mayo de 1863 entre la República de Guatemala y el Reino de España;

6. A pesar de que la posición de Guatemala ha sufrido altibajos en su reclamo territorial y que, inclusive, algunos «cancilleres» han llegado al extremo de aseverar que el problema solamente es de carácter «fronterizo», es decir; de fijación de lí­mites y, que se ha llegado al extremo de contratar a juristas anglosajones para asistir a nuestro paí­s en la búsqueda de soluciones y que como resultado de ello, en alguna oportunidad la propia OEA intentó difundir el criterio de que solamente era suficiente con delimitar las fronteras para resolver el diferendo;

7. A pesar de todo lo anterior y de innumerables otros factores de orden jurí­dico, histórico y polí­tico que rodean este asunto, podemos afirmar, con toda seguridad, que como paí­s, como nación y como pueblo, aun cuando parezcamos indiferentes ante un problema cuyos pormenores la mayorí­a desconocemos, estamos conscientes de que el caso de Belice debe resolverse de acuerdo a principios que rigen a las naciones civilizadas, pero no por ello, hemos depuesto en algún momento «nuestro reclamo», o renunciado a él como indica su Editorial. Si en algún momento el planteamiento, particularmente para fines polí­ticos propagandí­sticos era «Belice es Nuestro», el descubrimiento de elementos jurí­dicos y el surgimiento de situaciones reales como la propia proclamación de independencia y el reconocimiento inconsulto dado por Serrano y su Canciller, han permitido conocer aspectos más concretos y detallados sobre el alcance de nuestros derechos y, consecuentemente, se ha podido visualizar mejor la magnitud de nuestro reclamo territorial que, tampoco puede menoscabar nuestro legí­timo derecho de salida al Mar Caribe, que desde cualquier punto de vista resulta jurí­dicamente inobjetable.

Muchas gracias por permitirnos usar este valioso espacio, pero estimamos que el tema lo amerita y que el criterio editorial de este importante medio lo evaluará en su justa dimensión.