La seguridad ciudadana y la justicia deben ser dos de los temas que no deberían ser olvidados por los diputados durante estos días de vacaciones y convertirlos en prioridad durante enero 2009, considera el diputado Aníbal García.
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Agregó que es necesario que todos los legisladores jueguen un papel de primer orden, comprometiéndose con esos temas para evitar que se siga hundiendo el país y que deje de crecer el abismo de desconfianza que existe hacia los tres organismos del Estado por parte de la mayoría de la población, a quien más le impacta la situación de inseguridad.
Solo la aprobación y la aplicación de las leyes puede ir rescatando ese respaldo que se está perdiendo, y que se puede agudizar en 2009, por ello es necesario aprobar todas las leyes de seguridad ciudadana que necesita el Estado, entre ellas la Ley de Armas y Municiones; la Ley de Empresas de Seguridad, reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal, reflexionó García.
Asimismo sería importante retomar la iniciativa de Ley de la Carrera para Fiscal, la Ley de Policía de Investigación Civil que venga a apoyar a la Policía Nacional Civil, órgano que se encuentra en la debacle, puntualizó el diputado García.
«El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se ha portado testarudo en este sentido, él no quiere aceptar la realidad y sigue creyendo en el Departamento de Investigación Criminal (Dinc) como una institución que le puede ayudar a solucionar los casos; sin embargo, desde mi perspectiva, eso no es posible», resaltó.
CONTRASTES
Marlene Blanco, directora de la PNC, ante diputados patriotas reiteró los números de homicidios y otros hechos delictivos que siguen azotando a los guatemaltecos en todo el país.
Apuntó que a diciembre han ocurrido 5,512 homicidios, la mayoría por arma de fuego; 525 con arma blanca; por artefactos explosivos dos casos; linchamientos han ocurrido siete; estrangulamientos suman 192; lesionados ya apuntan la cifra de 4,812 casos; lesionados con arma blanca 1,230 y 357 con arma contundente.
Los casos de extorsiones y los secuestros han sido catalogados como las cifras negras por el ocultamiento de información que deciden mantener familiares de las víctimas.
La PNC a diciembre solo tiene reportados 42 casos de secuestro.
El problema para investigar radica en que las negociaciones de liberación de secuestrados se efectúa en secreto, pagan el rescate y cuando no regresan a la víctima entonces deciden denunciar, explicó a los diputados la jefa de la PNC.
Las extorsiones siguen teniendo como origen las cárceles del país, en donde los victimarios siguen usando teléfonos celulares y chips para atormentar y obtener dinero de las víctimas, confió la Directora de la PNC.