Los antecedentes en Estados Unidos con la época de la Prohibición, cuando se declaró ilegal la venta de bebidas alcohólicas y se generó un enorme comercio ilí­cito a cargo de la mafia, con sus secuelas de violencia y criminalidad, debieran servir como parte del análisis que es obligado en las actuales circunstancias, porque evidentemente el problema se magnifica en la medida en que, como ocurre en Colombia, el narcotráfico puede hacer alianzas con grupos de terroristas que por ahora son de carácter local, pero que en determinado momento podrí­an ser de los que amenazan la seguridad interna de los Estados Unidos.

En un problema de la envergadura que tiene el del narcotráfico no se debe ni puede dejar al margen ninguna opción y todas deben ser seriamente ponderadas. El nuevo gobierno de los Estados Unidos debiera recibir alguna presión de los paí­ses que sufren el flagelo del narcotráfico para una amplia discusión del tema porque, al fin de cuentas, son estos paí­ses los que ponen los muertos, los que comprometen su subsistencia misma por la penetración que hace el crimen organizado de sus instituciones polí­ticas y los que aumentan sus í­ndices de corrupción. Si Estados Unidos puede realizar una polí­tica doméstica agresiva de control de la demanda de los estupefacientes y distintos productos narcóticos, tendrí­amos un escenario diferente, pero en la medida en que ellos no mueven un dedo para controlar el consumo, nos hacen pedazos y comprometen nuestro futuro.

Hay que entender que mientras existan personas en las ciudades norteamericanas dispuestas a pagar lo que sea por satisfacer su vicio de cocaí­na, ese dinero servirá para envilecer a nuestros paí­ses y para hacernos daños que hoy por hoy parecen ya irreparables.

Eso obliga a entender que la otra opción, fuera del combate frontal al consumo, está en la legalización de la droga para que se repita el fenómeno que vivieron cuando se levantó la Prohibición. Legalizada la droga, sus productores tendrí­an que pagar impuestos, desarrollar cadenas institucionales de distribución y comercialización y el negocio dejarí­a de ser de mafiosos. El peligro «colateral», relacionado con los daños que causan las drogas, es irrelevante porque de todos modos ahora es enorme la cantidad de gente, especialmente jóvenes, que las consumen con lo que podemos considerar como absoluta libertad porque nadie les molesta ni persigue.

Pretender que la guerra contra el narcotráfico se debe librar en paí­ses como México, Guatemala y Colombia es absurdo porque no tenemos la capacidad de ganar esa batalla, sobre todo cuando el aporte que enví­a Washington es a cuentagotas en comparación con los recursos de quienes se enriquecen con ese ilí­cito negocio. La guerra la deben librar ellos en sus fronteras abatiendo el consumo o, de confesarse incapaces de lograrlo, legalizando el comercio de las drogas para no seguir hundiendo a estos paí­ses. Y eso debiera ser un planteamiento serio que se haga a Obama una vez instalado en la Casa Blanca.